CASO 7756: RUBIO ALFONSO

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Capitulo II – Derechos a la vida
http://www.cidh.org/countryrep/colombia81sp/Capitulo2.htm.

La Comisión tomó conocimiento, durante la observación in loco, de informaciones referentes a que el señor Humberto Rubio Alfonso, estudiante de la Universidad Externado de Colombia, había muerto como consecuencia de disparos que al momento de su captura le infiriera un agente de la Policía Judicial, el día 3 de mayo de 1979, en un operativo policial realizado en la capital colombiana.

La Comisión trató este caso con las autoridades colombianas, a efecto de establecer las medidas que se han seguido tendientes a determinar la responsabilidad de los autores de este hecho. En consideración a ello, el Gobierno colombiano a través de la Procuraduría General de la Nación, hizo entrega de la “Síntesis de la investigación adelantada con ocasión del fallecimiento del ciudadano Hernando Rubio Alfonso”. Este documento se encuentra contenido en el oficio No. 01038 de 29 de abril de 1980, concerniente a 107 casos, dirigido al Procurador General de la Nación, doctor Guillermo González Charry, por el Procurador Delegado para las Fuerzas Militares, Mayor General Francisco Afanador Cabrera.

El texto de la Síntesis en referencia, es el siguiente:

1o. El Agente de Policía Judicial de Placa No. 2363, mediante escrito dirigido al señor Juez 115 de Instrucción Penal Militar, el día 3 de mayo de 1979 informó que de acuerdo a versión dada por el capturado LUIS ALBERTO ARROYO VEGA, en esa fecha a las ocho de la noche tendría una reunión en la calle 57 con carrera 13 de esta ciudad con quien decía llamarse “JAIME”, persona ésta perteneciente al autodenominado movimiento subversivo PLA, con quien había actuado en varias “acciones”, solicitando una Boleta de Captura para esa persona.

2o. El Juzgado 115 de Instrucción Penal Militar, mediante auto motivado de trámite, del mismo 3 de mayo de 1979, ordenó la captura del precitado “JAIME” y para ello comisionó a miembros de Policía Judicial adscritos a la Brigada de Institutos Militares y extendió Boleta de Captura, de la misma fecha, discriminando que la persona que se debería capturar debería ser señalada por LUIS ALBERTO ARROYO VEGA en cita a celebrarse el mismo día a las veinte horas en la calle 57 con carrera 13 de esta ciudad.

3o. El 4 de mayo de 1979 el señor Capital SALVADOR ANGARITA DODINO, integrante de Policía Judicial de la BIM, rindió informe escrito al señor Juez 115 de IPM en donde pone de presente que él en compañía del Agente del DAS CARLOS JULIO CAÑIZARES OVALLE y el capturado LUIS ALBERTO ARROYO VEGA, la noche inmediatamente anterior aproximadamente a las veinte horas concurrieron a la calle 57 con carrera 13 de esta ciudad y que estando allí, personalmente el señor ARROYO VEGA señaló a quien decía llamarse “JAIME”, ante lo cual el Agente CAÑIZALES le solicitó captura pero que el referenciado inmediatamente trató de agredirlo, por lo cual el funcionario debió “encañonarlo” instante en el cual “JAIME” se abalanzó contra el Agente de Policía Judicial produciéndose un forcejo al término del cual se produjo una detonación que fue a interesar la humanidad de “JAIME”, quien de inmediato fue trasladado al Hospital Militar Central, habiendo llegado a las veinte y quince horas y se diagnosticó su muerte a las veinte y veinte horas puntualizándose que “Presentaba una herida producida por arma de fuego localizada en la región anterior del esternón más o menos a la altura del 6o. o 7o. espacio intercostal”.

4o. Con base en lo anterior el mismo cuatro de mayo de 1979, el Juzgado 115 de IPM abrió investigación de índole criminal y entre otras, practicó las siguientes actuaciones:

a. LUIS ALBERTO ARROYO VEGA, fue escuchado en testimonio el 4 de mayo de 1979 y allí dice, entre otras cosas, que el día anterior a las ocho de la noche en la calle 57 con carrera 13 de esta ciudad, tenía cita con quien decía llamarse “JAIME”, que cumplida la misma él lo señaló y que “JAIME” opuso resistencia; habla también, que “JAIME” había realizado actividades subversivas.

b. MARIA DEL CARMEN ALFONSO DE RUBIO, MARCO AURELIO RUBIO BAUTISTA, ARTURO QUIROGA, GUSTAVO MANTILLA, CLAUDIO CASTILLO, SALVADOR ANGARITA, HORACIO URQUIJO, ARCESIO JOVEN, ALVARO CERON, ALICIA RIVEROS, TEODORO VILLAMIZAR, rindieron testimonio en la investigación.

c. El señor Agente de Policía Judicial del CAS CARLOS JULIO CAÑIZALES OVALLE fue vinculado al proceso mediante indagatoria.

d. Se realizaron diligencias de inspección judicial y la de reconstrucción de los hechos y se agregaron el Acta de Levantamiento del cadáver, el protocolo de autopsia y el Registro Civil de Defunción.

e. En concepto del Auditor Principal de Guerra de la Brigada de Institutos Militares calendado a 27 de agosto de 1979, se hallaba mérito para convocar Consejo de Guerra Verbal para juzgar la conducta del Agente del CAS, CARLOS JULIO CAÑIZALES OVALLE.

f. El señor Comandante de la Brigada de Institutos Militares en providencia del 7 de diciembre/79, declaró que no había mérito suficiente para convocar Consejo de Guerra Verbal que juzgara al Agente del DAS CARLOS JULIO CAÑIZALES OVALLE por la muerte de MARCO HERNANDO RUBIO ALFONSO y ordenó cesar todo procedimiento penal y consultar tal decisión.

g. El proceso se encuentra al Despacho del señor Fiscal 10º del Tribunal Superior Militar, desde el 21 de marzo de 1980 para emitir concepto.

5o. Debe anotarse que el Juzgado 45 de Instrucción Criminal adelantó, inicialmente, investigación por los mismos hechos remitiendo luego lo actuado, por competencia, a la Justicia Castrense.

Por otra parte, el Procurador General de la Nación entregó a la Comisión el informe sobre la investigación para establecer antecedentes y causas, en relación con el fallecimiento del estudiante Hernando Rubio Alfonso, contenido en oficio dirigido al Procurador Delegado para la Policía Judicial el 25 de mayo de 1979, por los Abogados Visitadores encargados de dicha investigación. En el texto de este documento se contienen, entre otros, los siguientes conceptos:

Con base en lo anterior creemos que el señor Hernando Rubio Alfonso, era una persona del común de la gente, que el día de los hechos realizó sus actividades normales: acudió a la Universidad Externado de Colombia en las horas de la mañana y por la tarde al INTRA a cumplir con sus labores cotidianas. Salió de esta Entidad a la hora acostumbrada y de ahí en adelante, no se vuelve a saber de él, hasta el momento en que es llevado muerto, por miembros del B.2, al Hospital Militar. Luego se puede concluir fácilmente, que son estos señores las únicas personas que pueden y deben responder por la muerte de HERNANDO RUBIO ALFONSO.

Como estas personas al parecer son miembros del B.2, el cual hace parte del Grupo de Inteligencia de la Brigada de Institutos Militares, sírvase usted señor Procurador, proveer en la forma que estime conveniente.

Igualmente informamos que en la actualidad en el Juzgado 115 de Instrucción Penal Militar, y en el Juzgado 45 de Instrucción Criminal, cursan las respectivas investigaciones del caso.[12]

Asimismo, sobre este caso, posteriormente el Gobierno de Colombia informó a la Comisión lo siguiente:

Iniciada la investigación por el Juzgado Ochenta y Uno de Instrucción Criminal el 9 de mayo de 1979 en la ciudad de Bogotá, continúa por el Juzgado Cuarenta y Cinco de Instrucción Criminal ambulante que consideró el 11 de junio de 1979, una vez recaudadas algunas pruebas, que por competencia correspondía la investigación al Comando de la Brigada de Institutos Militares. El Comando de la Brigada corrió traslado al Auditor Principal de Guerra, quien conceptuó que el sindicado Cañizales debía comparecer ante un consejo verbal como responsable de delito culposo en la persona de HERNANDO RUBIO ALFONSO. El Juzgado de Primera Instancia mediante providencia de 8 de diciembre de 1979, declaró que no existía mérito suficiente para juzgar por el procedimiento de los consejos de guerra verbales al incriminado y como consecuencia ordenó cesar todo procedimiento en favor del encausado. En alzada ante al Tribunal Superior el 13 de diciembre de 1979, se ordenó la devolución a la oficina de origen (21 de enero de 1980), teniendo en cuenta que no había sido legal la notificación a las partes. Subsanada la irregularidad se corrió traslado al Fiscal Décimo quien emitió concepto en el sentido de que se debe impartir la confirmación a la providencia que decretó cesación de todo procedimiento. Desde el 13 de mayo de 1981 el señor Magistrado Ponente doctor GERSAIN SERNA GIRALDO, tiene elaborado el proyecto de sentencia para someterlo a la sala de decisión.