Contexto

Colombia vive las consecuencias de una grave y prolongada vulneración de los derechos humanos. La degradación de una guerra continua contra la población civil, registra diversas víctimas de violencia política, conflicto armado interno, y sobre todo, terrorismo de Estado. Entre otros vejámenes, se registran: ejecuciones extrajudiciales1, desapariciones forzadas2, violencia sexual3, genocidios4 y desplazamiento forzado. A pesar de las denuncias y evidencias sobre estas vulneraciones, las víctimas que las han padecido, no cuentan con plenas garantías en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición; por el contrario, hay registros de la reiteración en los hechos.

Desde la llamada Violencia Política (1946 a 1957) la sociedad colombiana desde su conformación republicana y de manera continua, viene padeciendo una violencia sociopolítica constante, el conflicto armado interno, que supera 50 años de duración, es apenas una expresión de dicha violencia con más de 218.094 personas afectadas, de las cuales el 85% es población civil5.

A pesar de esta realidad el oficialismo ha mantenido versiones que subestiman la magnitud de los hechos, además de extender velos de ocultamiento que responden a una decisión de impunidad estructural6.

La impunidad7, es la constante que ha imposibilitado que la sociedad colombiana y el mundo conozcan toda la verdad sobre los hechos. Ello incide tanto en que las víctimas no sean reparadas, como también en que se pueda prevenir de manera efectiva la ocurrencia de nuevas violaciones de derechos humanos.

Particularmente, las víctimas de los crímenes cometidos por agentes estatales consideran que la impunidad respecto de las violaciones contra los derechos humanos es favorecida mediante mecanismos institucionales, jurídicos y políticos8, ya que la ausencia de justicia es contraria a la prevención de las violaciones de derechos humanos. Sobre esta afirmación es ilustrativo el hecho de que, por ejemplo, no han cesado los homicidios cometidos por la fuerza pública contra civiles (crimen comúnmente conocido con el apelativo de “falsos positivos”, debido a que las víctimas de estos asesinatos son reportadas como guerrilleros muertos en combate)9.

Adicionalmente, si los Estados tienen la obligación de ofrecer garantías para hacer efectivo el derecho a saber10la falta de justicia y acceso a la verdad, hace que la impunidad se vuelva estructural en regímenes dictatoriales, en sociedades inmersas en conflicto armados, o en modelos políticos que aunque formalmente se muestran como democracias están altamente militarizadas, como es el caso de Colombia. En escenarios como estos es común que predomine la versión oficial y el olvido, y que las demandas de las víctimas que reclaman reconocimiento y justicia sean calificadas como acciones contrarias a la paz y la reconciliación. La sociedad colombiana ha sido considerablemente afectada por la negación de la responsabilidad sobre la comisión de crímenes perpetrados por el Estado directamente o a través de la estrategia paramilitar11.

Por el contrario, el Estado colombiano se ha presentado en los escenarios internacionales como una víctima inocente de los grupos guerrilleros o terroristas que se enfrentan a las “autodefensas” paramilitares. La negación de la participación del Estado en el conflicto armado interno y de su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos, al igual que de la existencia del paramilitarismo pretende blindar a los funcionarios y miembros de la fuerza pública, o empresarios de la responsabilidad por tener nexos con los paramilitares, grupos que ahora son denominados como “bandas criminales” y “grupos armado ilegales post-desmovilización12.
Las reclamaciones de las víctimas, de manera individual o a través de organizaciones, se enfrentan a múltiples obstáculos, entre los que se encuentra el riesgo de amenazas y ataques contra su vida. Sin embargo, las víctimas han persistido en estas difíciles circunstancias.

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se pretendió legitimar el paramilitarismo de distintas maneras, entonces muchas víctimas enfrentaron a sus victimarios en el marco de la mal llamada “Ley de Justicia y Paz13,y en otros escenarios, con el objetivo de demandar justicia y obtener el esclarecimiento de la verdad acerca de los crímenes de los paramilitares y las relaciones con agentes estatales, políticos y empresariales que los facilitaron o promovieron14.

En los últimos años se pretendió aprovechar el proceso de negociaciones de paz entre el gobierno nacional y el grupo guerrillero Farc15 para ignorar los derechos de las víctimas, que profundizaría la impunidad, por medio de una  aplicación reduccionista de la justicia transicional16. En esa dirección apuntan tres iniciativas legislativas que ha promovido el gobierno del presidente Juan Manuel Santos: el Marco Jurídico para la Paz17; la ampliación del fuero penal militar18 declarado inexequible por la Corte Constitucional19; y la reforma de la ley de “Justicia y Paz”20 a través de la cual se prorrogó nuevamente el plazo límite para las desmovilizaciones de los grupos armados, permitiendo de esta manera que los jefes paramilitares que se acogieron a dicha ley obtengan beneficios pese a no haber depuesto las armas en el momento de la aprobación ocho años atrás21.

De esta manera se desnaturaliza la justicia transicional, que, según Naciones Unidas, debe incluir de manera integrada a los procesos, las reparaciones a las víctimas, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, las destituciones y la búsqueda de la verdad22.

El acuerdo original, rechazado en el plebiscito del 2 de octubre del 2016, fue modificado y firmado el 24 de noviembre 2016. A pesar de que este acuerdo contiene puntos que preocupan, lo consideramos un paso positivo en la búsqueda de paz y justicia social en Colombia y este proyecto, según sus principios, hará todo lo posible para aprovechar los nuevos mecanismos de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, para luchar en contra de la impunidad y para dar cara y voz a las muchas víctimas silenciadas durante los largos años de esta guerra continua contra la población civil.
Las víctimas de los crímenes cometidos por el Estado resultan más vulnerables al anonimato puesto que generalmente corresponden a poblaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas, y a mujeres, que a la vez participaban en organizaciones sindicales, comunitarias, de derechos humanos y de oposición. Además quedan en el anonimato muchas de las víctimas que no disponen de soporte organizativo, y les resulta más difícil denunciar los hechos de homicidio, desaparición forzada, desplazamiento, tortura o violencia sexual.

El Estado colombiano ha desarrollado un sistema de información con el propósito de mostrar resultados positivos en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, el cual generalmente marca una disminución de las violaciones de éstos, en cuanto a la atribución a agentes estatales y grupos paramilitares23. Asimismo, la prensa escrita de circulación nacional y los medios de comunicación audiovisual de mayor audiencia dan poca notoriedad a las víctimas de las acciones de la fuerza pública y de los grupos paramilitares, ya que entre sus fuentes de información privilegian las gubernamentales y militares.

Lamentablemente, el Estado no ha dado muestras de tener decisión para atacar la impunidad, lo cual constituye una flagrante infracción de sus obligaciones internacionales según lo previsto por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en relación a la justicia.

En medio del panorama reseñado anteriormente emerge el proyecto VIDAS SILENCIADAS el cual busca, de manera complementaria a otros sistemas de información de derechos humanos que funcionan en Colombia, contribuir a mejorar el conocimiento que la comunidad nacional e internacional tiene sobre la existencia de las víctimas de crímenes de Estado en Colombia. Esta iniciativa ofrece apoyo a las víctimas en su búsqueda de justicia, abarcando el derecho inalienable a la verdad.

Además, el proyecto promueve el derecho a saber que posee toda la sociedad:

No se trata sólo del derecho individual que toda víctima o sus familiares tienen a saber lo que ocurrió, que es el derecho a la verdad. El derecho a saber es también un derecho colectivo que hunde sus raíces en la historia, para evitar que puedan reproducirse en el futuro las violaciones” texto del informe de la 49 sesión de Naciones Unidas24. Los pueblos poseen el derecho a “conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones25.

Este proyecto también tiene presente que los pueblos tienen el deber de recordar a fin de poseer conocimiento de su historia, como parte de su patrimonio, a través de medidas como la preservación de archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos26, lo cual contribuye a la preservación de la memoria colectiva ante el olvido, es decir, a contrarrestar la distorsión, el ocultamiento y negacionismo mencionados anteriormente.

Para conseguir su objetivo, VIDAS SILENCIADAS funciona como un proceso de inclusión permanente de información sobre las víctimas del Estado colombiano desde 1928. Se trata de un reto valioso, que cubre un período de tiempo anterior a la emergencia del concepto de los derechos humanos como tal en el mundo. Precisamente el inicio de dicho período incluye uno de los crímenes más infames del siglo XX: la masacre de las bananeras en Ciénaga (Magdalena), cometida el 6 diciembre de 1928 por el Ejército, en la cual fueron asesinados más de 1000 trabajadores de la empresa United Fruit Company quienes estaban en huelga, reseñada por la prensa como un “combate” en el que las tropas del Ejército se habrían enfrentado a unos “revolucionarios del orden estatal”, causando la muerte a “8 bandoleros27. El gobierno reconoció solamente nueve víctimas28.

Asimismo, VIDAS SILENCIADAS incluye información acerca de las víctimas de la primera mitad del siglo XX, en los albores de las luchas de trabajadores y campesinos, y las comprendidas en el período de la “Violencia” (1946 a 1957) cuando fueron asesinados, desplazados y despojados de sus tierras miles de campesinos29.

VIDAS SILENCIADAS ofrece a las víctimas y a sus familiares, a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional información que puede contribuir a la verdad, generalmente oculta, acerca de la historia de las víctimas, de los responsables de las violaciones a sus derechos humanos y las circunstancias en que éstas fueron cometidas.

Este proyecto de verdad y de memoria es también un instrumento para el ejercicio del derecho que todas las personas tenemos a defender los derechos humanos30. La información suministrada por diversas fuentes a VIDAS SILENCIADAS puede ser consultada por las propias víctimas y sus organizaciones, investigadores académicos, para las distintas tareas de las ONG de derechos humanos y los mecanismos de memoria y verdad. Reconocemos que es un trabajo en proceso por ello, estamos continuamente investigando los hechos del pasado para que más víctimas puedan estar incluidas en este espacio de la memoria.

En ese sentido está abierto el camino para enriquecer el sistema de VIDAS SILENCIADAS con información documental (testimonios, informes de caso, notas de prensa, fotografías y dibujos), la cual fortalecerá este esfuerzo en favor de las víctimas y su lucha por la dignidad, la verdad y la justicia.


1El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP posee un registro acumulado, entre 2001 y 2010, de 562 casos y 1119 víctimas. Estas víctimas han padecido distinto tipo de violaciones: 887 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 87 de torturas, 36 heridos, 41 de amenazas individuales, 63 de desapariciones forzadas e involuntarias y 214 de detenciones arbitrarias. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estimaba que en 2010 en el país existían más de 3.000 víctimas de  ejecuciones extrajudiciales.

2
Según registros oficiales, hasta el 31 de agosto de 2012 se contabiliaban 74.361 personas desaparecidas, de las cuales 18.638 corresponderían a desapariciones forzadas. Ver al respecto: Instituto Nacional de Medicina Legal. Registro Nacional de Personas Desaparecidas, datos a 31 de Agosto de 2012, citado en Coordinación Colombia – Europa/ Estados Unidos, Desaparición forzada en Colombia: práctica vigente y medidas recientes para la impunidad de los responsables.

3
Según las ONG defensoras de los derechos de las mujeres, en 2011 los miembros de la Fuerza Pública tuvieron el registro más alto de hechos de violencia sexual en el contexto del conflicto armado interno, de acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ver al respecto Una mirada a los derechos de las mujeres en Colombia. Informe alternativo presentado al Comité de la Cedaw de Naciones Unidas – 2013.
4
Dos procesos  genocidas por motivación política se han perpetrado en Colombia, ambos han sido determinantes en la prolongación de la Violencia Política y el Conflicto Armado Interno; pues como lo afirma el Militante de Base de la UP, Jorge salcedo Galán, “ La causa eficiente del genocidio cometido contra Eliecer Gaitán”, el 9 de abril de 1948, fecha que sin duda en un marcador es un hito en la historia reciente, pues es el resultado de la instalación del método de eliminación política a través de la fuerza, la criminalización y el asesinato contra el adversario que no haga parte de la costumbre  ipartidista entronizada en el poder.
5
Centro de Memoria Histórica, ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad, Informe General Grupo de Memoria Histórica, 2013, p. 32.
6
Se entiende por Impunidad la inexistencia -de hecho o de derecho- de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas. Ver Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, Documento de las Naciones Unidas: E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero de 2005, pp. 6 y 7.
7
El Cinep señala que el estado de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación por homicidios presuntamente cometidos por la Fuerza Pública muestran que entre 2001 y 2010 hay 146 miembros de la Fuerza Pública con resolución de acusación, el número de sentencias condenatorias son 54, el de absolutorias y archivadas 13. El número de personas en juicio son 112 y con abstención de medida de aseguramiento; el número de decisiones de preclusión son 15 y las personas beneficiadas con dicha medida 36. El número total de procesos son 527, de los cuales el 68% son activos y el 32% restante están inactivos. Con respecto al delito de desplazamiento forzado, las sentencias proferidas no superan el 0,02 % de los casos, es decir que la impunidad supera el 99%.
8
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, El MOVICE y el Proceso de Paz en Colombia: Haciendo Memoria y Propuestas para una Paz Duradera y Sostenible, 2013, Pág. 163. Disponible en http://www.movimientodevictimas.org/paz.html
9
Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, 14° período de sesiones, Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston. Adición Misión a Colombia, A/HRC/14/24/Add.2, 31 de marzo de 2010, párr. 19.
10
Naciones Unidas, citado supra en Nota 6, Principio 5.
11
Conforme a la Doctrina de la Seguridad Nacional y los fundamentos del Conflicto de baja intensidad, se han implementado estrategias que buscan la eliminación del “enemigo interno“, representado en el comunismo, la insurgencia y la protesta social. En la década de 1960 los asesores militares de los Estados Unidos promovieron la conformación de organizaciones para la “lucha anticomunista“. En desarrollo de tal propósito en Colombia se expidió el decreto 3398 de 1965 Por el cual se organiza la defensa nacional, que posteriormente fue adoptado como legislación permanente por medio la ley 48 de 1968 Por la cual se adoptan como legislación permanente algunos decretos legislativos, se otorgan facultades al Presidente de la República y a las Asambleas, se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. Estas normas dieron el fundamento legal para la organización de la “defensa nacional“, la
defensa civil” y la promoción en la organización de las “‘autodefensas“.
Bajo su amparo, miembros, de la Fuerza Pública entrenaron, dotaron de armamento y adoctrinaron a civiles con la finalidad de involucrarlos de manera directa a la población dentro del conflicto armado en apoyo de la lucha contrainsurgente, a través del terror contra la población, la persecución de la protesta social y la destrucción de las organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos.
12
En sus informes de los últimos años sobre Colombia la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos – Acnudh – nombra a los grupos paramilitares como “grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización de organizaciones paramilitares (grupos pos desmovilización)” Ver al respecto Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, 22º período de sesiones, Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos
sobre
la situación de los derechos humanos en Colombia, A/HRC/22/17 Add 3, enero 7 de 2013, Párr. 3 y 86.
13
Bajo la ley 975 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que
contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios” 
solamente han sido sentenciados 14 postulados. Dicha ley fue aprobada durante el primer período del presidente Álvaro Uribe Vélez como marco legal para un supuesto proceso de desmovilización de los grupos paramilitares implementado por dicho gobierno. 1124 políticos, 1023 miembros de las Fuerzas Armadas y 393 servidores públicos. Ver Fiscalía General de la Nación, Gestión de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz a 1 de diciembre de 2012,

http://www.fiscalia.gov.co/jyp/unidad-de-justicia-y-paz/consultado, consultado el 4 de marzo de 2014.
14
En el marco de la Ley de Justicia y Paz los paramilitares confesaron 39.546 hechos de homicidio y masacre, reclutamiento forzado, desaparición forzada, desplazamiento forzado, extorsión, secuestro, tortura, violencia sexual, con 51.906 víctimas relacionadas en dichos hechos.
15
El 26 de agosto de 2012, el Gobierno y las Farc firmaron un “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”en el que las partes reconocen que la construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto; los derechos humanos son un fin del Estado; el desarrollo económico debe darse con justicia social y en armonía con el medio ambiente; y la importancia de ampliar la democracia para lograr bases sólidas para la paz. Además acordaron iniciar conversaciones sobre seis temas: 1) Política de desarrollo agrario integral; 2) Participación política; 3) Fin del conflicto; 4) Solución al problema de drogas ilícitas; 5) Víctimas; y 6) Implementación, verificación y refrendación. Al finalizar 2013 se habían alcanzado acuerdos sobre los dos primeros temas de la agenda.
16
El concepto de “justicia de transición” comprende toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos de derechos humanos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de participación internacional (o carecer por complejo de ella) así como abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de todos ellos. Ver Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos Informe del Secretario General, S/2004/616, agosto 3 de 2004, Párr. 8.
17
El Acto Legislativo 01 de 2012 Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones que permite a responsables de violaciones contra los derechos humanos eludir la justicia, ya que contempla la concesión al Congreso de la República de la facultad de suspender las condenas de prisión de miembros de las partes en el conflicto armado, incluidas las fuerzas de seguridad. Además, asigna al Fiscal General el poder de seleccionar y asignar prioridad a unas investigaciones en detrimento de otras, en contra de la obligación
de los Estados de investigar todos los casos de violaciones graves contra los derechos humanos y de infracciones al Derecho
Internacional Humanitario.
18
El Acto Legislativo 02 de 2012 Por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia buscaba otorgar a los militares un mayor control sobre las investigaciones criminales de casos en los que miembros de las fuerzas de seguridad están implicados en violaciones de derechos humanos, que supondría la posible transferencia de muchos casos de violaciones de derechos humanos al sistema de justicia militar, en contra de las normas internacionales de derechos humanos. Esta ley concedía al sistema de justicia militar un mayor control sobre las etapas iniciales de la investigación, con el riesgo de que las violaciones de derechos humanos se definieran las etapas iniciales de la investigación como acciones meramente
relacionadas con los combates y, por tanto, dentro de la competencia del sistema de justicia militar.
19El gobierno nacional anunció la presentación un nuevo proyecto de ley de ampliación del fuero penal militar; luego de que la Corte Constitucional declaró inexequible el Acto Legislativo 2 de 2012 debido a vicios de forma durante su trámite, ya que se incumplió la prohibición de realizar sesiones parlamentarias simultáneas, en este caso de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y la plenaria en uno de los debates del proyecto. Ver: Corte Constitucional, Comunicado n.° 41, 23 de octubre de 2013. Disponible en http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2041%20comunicado%2025%20de%20octubre%20de%202013.pdf
20
Ley 975 de 2005 Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.
21
La reforma de la ley 975 de 2005 también introdujo el “incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas”, con lo que reemplazó al “incidente de reparación” previsto por la ley 975, el cual tenía como propósito garantizar la reparación integral a las víctimas en el marco de un proceso judicial penal. En el nuevo incidente deberán registrarse las “afectaciones” ocasionadas a las víctimas pero el juez deberá abstenerse de tasar dichas “afectaciones” y no podrá ordenarle al procesado pagar la reparación, pues ésta ahora se hará ahora de acuerdo con los programas establecidos en la Ley
de Víctimas
.

Esta sustitución del incidente de reparación por el incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas confunde el sentido de los programas de reparaciones administrativas con la reparación que se otorga en el marco de procesos judiciales, y resulta contraria al derecho de las víctimas de acceder a un recurso judicial efectivo para obtener reparaciones proporcionales por los daños padecidos. Ver la ley 1592 de 2012 Por medio de la cual se introducen modificaciones a la ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios” y se dictan otras disposiciones.
22
Naciones Unidas, citado supra en Nota 6, Párr. 26.
23
Un ejemplo de este sistema es el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH se conformó en 1999 para hacer seguimiento, desde el Estado, a la compleja situación de derechos humanos, violencia y conflicto armado en el país. Su finalidad comprende la alimentación del Sistema Nacional de Derechos Humanos y su mecanismo de seguimiento y monitoreo y generar productos que le sirvan a los tomadores de decisiones como insumos para la formulación y/o adecuación de políticas públicas con base en información real y verificable. El Observatorio maneja bases de datos de información relacionada con los derechos a la vida, la integridad y la libertad, así como de desmovilizaciones individuales y ataques contra la infraestructura petrolera. En algunos casos, la información almacenada en el Observatorio data de 1990 como es el caso de la información de homicidios individuales y de las Minas Antipersona. El Observatorio recopila información estadística de fuentes directas, en su gran mayoría de las instituciones del Estado y en algunos casos de organizaciones sociales con reconocimiento en un determinado sector. Ver: Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Observatorio Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH). Disponible en http:
//www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Paginas/Observatorio.aspx. Consultado el 6 de marzo de 2014.
24
Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, 49º período de sesiones, Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por el Sr. L. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión, E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, octubre 2 de 1997, Párr. 17.
25
Naciones Unidas, citado supra en Nota 6, Principio n° 2.
26
Ibídem, Principio 3.
27
Legrand, Catherine y Chomsky, Aviva, citados en Elías Caro, Jorge Enrique, La masacre obrera de 1928 en la zona bananera del Magdalena-Colombia.Una historia inconclusa, pág. 16.
28
Archila, Mauricio, Masacre de las bananeras: diciembre 6 de 1928, tomado de Revista Credencial Historia No. 117, Bogotá, Colombia), Septiembre de 1999.
29
Se calcula en aproximadamente “16.219 muertos entre 1949 y 1957, sin incluir los muertos habidos con fuerzas regulares del Ejército, ni en masacres colectivas, que generalmente eran abandonados a los animales, o arrojados a los ríos y precipicios, y tampoco las bajas sufridas por las Fuerzas Armadas”.
Ver al respecto: Centro de Memoria Histórica, ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad, Informe General Grupo de Memoria Histórica,
2013, pág. 113.
30
La Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, en su Artículo 1, reconoce que “[t]oda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.
Ver al respecto: Naciones Unidas, Asamblea General, A/RES/53/144, 8 de marzo de 1999.