DEFENSORES Y ORGANIZACIONES DE DERECHOS

PROYECTO COLOMBIA NUNCA MÁS ZONA 5ª
Segunda Parte – Sectores sociales atacados

Los defensores de derechos humanos surgen en la zona 5ª a comienzos de los años ochenta como una forma de defensa de las comunidades afectadas por diversas modalidades de crímenes y de la necesidad de enfrentar las agresiones provenientes del Estado. Así, surgen líderes cívicos, campesinos o sindicales que a pesar de no poseer una formación profesional en el campo del derecho asumen la tarea de denunciar las violaciones de derechos humanos y tratan de formar a las comunidades para que exijan el respeto de sus derechos y comprendan los límites de la acción estatal. Son los miembros de este sector los primeros en denunciar la acción paramilitar y la connivencia de estos con el ejército y con otros agentes institucionales, al igual que simpatía y apoyo por parte de terratenientes, ganaderos y políticos locales frente a la acción de estos grupos.

La agudización de los asesinatos, torturas y desapariciones hacia finales de los ochenta y comienzos de los noventa obligó a la conformación de asociaciones y comités especializados en derechos humanos, los cuales contaron con la asesoría de profesionales del derecho, quienes a su vez fueron perseguidos, amenazados, torturados, asesinados y desaparecidos.

En consonancia con un discurso de carácter contrainsurgente las organizaciones de defensa de derechos humanos fueron acusadas de ser fachadas de la subversión y pertenecer a las redes de apoyo de la insurgencia, lo que justificó el ataque indiscriminado y prácticamente la censura para hablar de derechos humanos en la zona. También encontramos entre los defensores de derechos humanos perseguidos a los funcionarios municipales dedicados a la recepción quejas sobre violaciones de derechos humanos o a sacerdotes que asumían la defensa de los derechos humanos como forma de frenar la barbarie contra los habitantes de su comunidad.

Aunque el número de víctimas perteneciente a este sector social es relativamente bajo frente al total de víctimas, no lo es si se tienen en cuenta que los defensores de derechos humanos en la región eran pocos, debido precisamente a que su labor fue estigmatizada al ser tildados de colaboradores de la guerrilla. Las primeras víctimas de este sector se presentan en el año de 1983 y son principalmente hostigados con amenazas provenientes del grupo paramilitar MAS. A comienzos de los noventa, la Red de la Armado No. 07, asesinó en Barrancabermeja a tres defensores de derechos humanos que se suman a los nueve asesinados cometidos por otros grupos paramilitares. La forma de actuar era similar a la usada por los llamados “sicarios”, esto es, los asesinos se movilizan en moto o en carros particulares abordan a la víctima y le disparan o se la llevan para torturarla y luego de asesinarla arrojan su cuerpo en zonas lejanas.

Este anuncio publicado originalmente en el periódico El Tiempo del 22 de marzo de 1992 (ver foto NdR), fue posteriormente reproducido y distribuido por los miembros del batallón Antiaéreo Nueva Granada. La propaganda retomó los pronunciamientos públicos hechos por el comandante de dicho batallón y por el grupo paramilitar Ariel Otero, activo en la zona. Bucaramanga y Barrancabermeja son los municipios donde más se persiguió a los defensores de derechos humanos, lo que no es extraño pues en estos centros urbanos donde se presenta el mayor número de crímenes y por ende el mayor número de denuncias. Además de ser municipios donde las estructuras paramilitares organizadas por organismos de inteligencia del estado persiguieron este tipo de labor en el marco de lo que ellos consideran lucha contrainsurgente.

Algunas de las organizaciones golpeadas por defender los derechos humanos fueron el Comité de Derechos Humanos de Ocaña, la Corporación Chucureña de derechos humanos, CREDHOS, el Servicio de pastoral social de la diócesis de Socorro y San Gil, el Comité Regional de Derechos Humanos de Santander, el Comité Departamental de Derechos Humanos “Hernán Motta Motta”, la seccional Santander del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la ANUC, esta última no especializada en defensa de los derechos humanos pero en la que muchos de sus integrantes adelantaron esta labor en sus regiones como parte del trabajo social y político propio de la Asociación como en el caso de su participación en el Comité de solidaridad y defensa de los derechos humanos de García Rovira, fundado en 1987; este Comité surgió como respuesta a la aparición sistemática de asesinatos de campesinos por paramilitares en la misma provincia, unido a acciones contrainsurgentes del ejército, que tenían como objeto minar la resistencia de los campesinos a la venta de sus tierras y adelantar operaciones contraguerrilleras contra el ELN que en últimas solo afectaron a la población. El Comité pues, se dedicó a denunciar las actividades militares contra la población rural, a la vez que mostrar a la opinión pública el exterminio del que eran víctimas por el accionar de los grupos paramilitares.

En los años ochenta, se destacó la labor desempeñada por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Seccional Santander) y la Corporación Chucureña para la Defensa de los Derechos Humanos de San Vicente. Esta última adelantó no sólo labores de asistencia a los desplazados, sino también se convirtió en denunciante de los atropellos contra la población campesina, los miembros de la Corporación fueron obligados en 1993 a abandonar la región.