EL ASESINATO DE ÁLVARO GARCÉS PARRA

PROYECTO COLOMBIA NUNCA MÁS ZONA 5ª
Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad 1966-1998
MUNICIPIOS SANTANDEREANOS DEL MAGDALENA MEDIO
SABANA DE TORRES

El 14 de agosto de 1987, la UP planteaba marginarse de las elecciones de alcaldes populares por el alto número de asesinatos y desapariciones de sus miembros que comenzó desde su aparición en el panorama político nacional. Ese mismo día, había sido asesinado el congresista de ese movimiento, Pedro Luis Valencia Giraldo y menos de 48 horas después cayó asesinado Álvaro Garcés Parra.

El 16 de agosto de 1987, hacia las 3:45 a.m., el abogado ALVARO GARCES PARRA, de 34 años, Alcalde de Sabana de Torres por la UP, el agente de policía JOHN JAIRO LOAIZA PAVA, quien le servía como escolta al Alcalde; el militante de la UP CARLOS GAMBOA RODRIGUEZ de 28 años, quien se desempeñaba como escolta del concejal de Lebrija por la UP, Jaime Castrillón y ELIDA ROCIO ANAYA DUARTE, ama de casa de 24 años, fueron asesinados durante un operativo conjunto entre miembros del ejército, la policía y paramilitares en Sabana de Torres.

En el mismo hecho fue herida MYRIAM CASTRO DE ALVAREZ y otra PERSONA más. El alcalde se encontraba departiendo con su familia y amigos en la caseta ganadera, instalada con ocasión de las fiestas del pueblo, cuando le dispararon. Los escoltas del alcalde alcanzaron a responder el ataque, dando muerte a uno de los agresores e hiriendo a otros dos. La policía había estado prestando vigilancia en la mencionada caseta, pero poco antes del múltiple homicidio se retiraron del lugar.

El crimen fue planeado en las instalaciones del S-2 del batallón Ricaurte en Bucaramanga, con el propósito de acabar con la vida del alcalde. Según declaración del Mayor del ejército Oscar de Jesús Echandía Sánchez, quien participó en la planeación del crimen, “esto fue coordinado con la policía de Sabana de Torres y después se pusieron los policías bravos porque mataron a uno de los agentes”. En un bolsillo del agente muerto se encontró un permiso especial para portar armas firmado por el Capitán Luis Orlando Ardila Orjuela y con el sello del S-2 del Batallón Ricaurte, expedido el día anterior a nombre de Raúl Bermúdez Alcántara, a quien la Procuraduría en 1983 denunció como miembro del grupo paramilitar Los Grillos, que operaba en el municipio de Santa Helena del Opón.

Las investigaciones adelantadas por la justicia ordinaria y la Procuraduría permitieron establecer la participación en la planeación y realización del operativo de los miembros del ejército: Tenientes Coroneles Luis Bernardo Urbina Sánchez y Rogelio Correa Campos; Mayores José Vicente Pérez Berrocal, Luis Arsenio Bohórquez Montoya, Oscar de Jesús Echandía Sánchez y Jaime Alberto Gamboa Villamizar; Capitán Luis Orlando Ardila Orjuela; Sargento Viceprimero Jorge Eliécer Cardona Corrales; Sargento Segundo Pedro Chaparro Niño; Suboficial Frank Moreno Rubio; Cabo Plinio Sandoval Toscano y soldados Gerardo Ortega Barrera, Reynel Landazabal y Yesid Cansino Vargas; también pudieron ser identificados los miembros del grupo paramilitar Los Grillos: Isidro Carreño Estévez, Luis Horacio Traslaviña, Servilio Cepeda Quiroga y Luis Francisco Roa Mendoza.

El alcalde había sido hostigado desde la misma gobernación de Santander, que lo sancionó por no despedir a los trabajadores de la salud que habían participado en un paro. Así mismo el concejal Orlando Bretón del Frente de Izquierda Liberal Auténtico FILA, lo había denunciado penalmente para inhabilitarlo en la elección popular de alcaldes de 1988 a la que iba a presentarse. El Concejal, también del FILA, José Dolores Alvarado, lo había amenazado siendo alcalde local, el también militante del FILA, Jaime Rueda Daza, contactó a dos sicarios conocidos como “Pajarito” y “El Colmillo”, para que atentaran contra la vida de Álvaro Garcés Parra, como efectivamente lo hicieron el 24 de mayo de 1986, mediante un artefacto explosivo, resultando lesionados algunos concejales de la localidad. También había recibido en su oficina llamadas amenazantes de las que se sindicó a un médico de apellido Rocho y a Hernando Palomino Berrío, quien fue visto con los paramilitares que perpetraron el crimen.

Garcés Parra también fue públicamente amenazado por el comandante del puesto de policía de la localidad, un cabo de apellido Ramírez. De igual forma, él y los demás miembros de la UP de Sabana de Torres fueron amenazados públicamente por el capitán Luis Orlando Ardila Orjuela del S-2 del Batallón Ricaurte y por el Teniente Coronel José Vicente Pérez Berrocal, para entonces Subcomandante del batallón Ricaurte. El 22 de septiembre de 1986, el alcalde y Jesús Espitia Rincón, tesorero municipal, resultaron heridos con arma de fuego en confusos hechos, ante lo cual el suboficial Frank Moreno Rubio del Batallón Ricaurte les había dicho en tono amenazante “cuídense mucho”.

ALVARO GARCÉS PARRA

Desde que la UP consiguió en 1986 la mayoría en el Concejo Municipal y fue nombrado Alcalde de Sabana de Torres, Álvaro Garcés Parra estaba convencido de la certeza y proximidad de su muerte. Su memorando personal se volvió, para él, como una especie de diario personal, donde apuntaba las amenazas que recibía, los seguimientos de que era objeto y los hostigamientos de que era víctima. Por razones de seguridad había evacuado toda su familia hacia Bucaramanga. La esposa de Álvaro, Luz Mar caballero, además de su madre, Doña Rosa y sus dos hermanas Miriam y Yolanda Garcés Parra, lo visitaban frecuentemente, viajando desde Bucaramanga, lugar que Álvaro consideraba conveniente para salvaguardar la vida de su familia, después de las amenazas sufridas durante todo el transcurso de su administración como alcalde. Sus parientes venían a menudo a Sabana de Torres cuando él no podía subir a la capital. Sus dos hijos lo extrañaban mucho ya que no podían verlo muy seguido y Oscar y William, sus hermanos, lo apoyaban y cuidaban continuamente.

En no pocas ocasiones Álvaro tuvo fuertes enfrentamientos con las autoridades militares y la policía acantonadas en su municipio. En una oportunidad el cabo Ramírez, cuando era comandante del Puesto de Policía de Sabana de Torres, lo amenazó públicamente y le gritó: “alcalde guerrillero”. El concejal Orlando Bretón y el doctor Amado del Movimiento Liberal FILA, lo habían denunciado penalmente para inhabilitarlo para la elección popular de alcaldes, pues Álvaro Garcés decidió renunciar a sus ocupaciones para presentarse como candidato en 1988 en esa contienda electoral. En varias oportunidades, otro miembro del FILA, el concejal José Dolores Alvarado, lo había amenazado.

Frecuentemente recibía cartas y llamadas de amenazas de muerte: tras investigar él mismo sobre la identidad de sus autores, llegó a la conclusión de que el doctor Amorocho estaba detrás de ese hostigamiento, y así lo dejó anotado en su memorando personal. Este doctor Amorocho era frecuentemente visto, en compañía de Hernando Palomino Berrío, contratista del Idema en Sabana de Torres.

Álvaro, al igual que la mayoría de los miembros de la UP del municipio, había decidido armarse con un revólver para protegerse de los agentes paraestatales. La población misma se convirtió en ojos y oídos que vigilaban atentos para descubrir cualquier movimiento sospechoso que indicara que algo se intentaba contra el burgomaestre. Desde la misma Gobernación de Santander se le hostigaba; tres o cuatro investigaciones fueron adelantadas por diferentes motivos contra él. La única que había concluido con sanción, era por haber apoyado el paro de los trabajadores de la salud y negarse a despedirlos. En esa oportunidad, el Gobernador lo suspendió en el ejercicio del cargo de alcalde, pero el inmediato y prolongado paro cívico en el que se lanzó la población de Sabana de Torres, en respaldo a su alcalde, hizo que el Jefe Administrativo de Santander echara pie atrás en la decisión.

“Los túneles Secretos del Paramilitarismo”

El viernes 15 de agosto de 1987, todo el mundo en Sabana de Torres se estaba preparando para las fiestas ganaderas de ese municipio, que tendrían lugar ese fin de semana. Ese mismo día ingresaban a la Sección Segunda (S-2), o Inteligencia Militar del batallón de Infantería No. 14 Ricaurte, acantonado en Sabana de Torres, Luis Medina Tirado, Luis Horacio Traslaviña, Luis Francisco Roa Mendoza e Isidro Carreño Estévez.

Según lo anotado en el libro de registro del batallón, el último en salir de las instalaciones militares fue Carreño Estévez, que se marchó a las 11: 50 a.m. En la fecha señalada, varías personas vieron en la feria a cinco forasteros: dos vestidos de negro y dos de café, y a otro con la mano izquierda defectuosa. En la feria, horas más tarde, se presentaría un extraño incidente: cuando Álvaro Garcés Parra con un grupo de personas de la alcaldía se prestaban a hacer un recorrido para ver como se adelantaban las actividades de la feria, un hombre, en aparente estado de embriaguez se coló entre la comitiva; ofrecía refrescos, brindaba licor, invitaba a comer helados, posaba para fotografías junto al alcalde. El sujeto, desconocido por todos, en un momento dado insistió para que Álvaro le recibiera un sombrero blanco con una pluma como obsequio y se lo pusiera. La insistencia era inusual y hasta los integrantes de la comitiva municipal lo advirtieron; todos lo identificaron posteriormente como “El Indio” o Dagoberto Bustamante, participante directo del crimen de Álvaro Garcés. Desde la tarde, hasta avanzadas las horas de la noche, fueron vistos cerca de la caseta ganadera los cuatro extraños sujetos y el hombre de la mano defectuosa, “mano de ñeque” por varios conocidos de la victima. El Indio o Dagoberto Bustamante, Luis Francisco Roa, mano de ñeque, Fabio Guzmán Rodríguez y Asdrúbal Centeno Rodríguez, fueron reconocidos por los testigos como estos extraños sujetos. También Isidro Carreño Estévez fue identificado como otra de las personas sospechosas que rondaba cerca de la caseta ganadera.

En la noche del sábado 16 de agosto de 1987, todo era fiesta y feria en Sabana de Torres, las personas acudían a la caseta ganadera a bailar. Hacia las 10:00 p.m. llegó Álvaro Garcés con su familia y sus escoltas. Hacia las 3 de la madrugada dejaron libre la entrada de la caseta. En ese momento los acompañantes de Álvaro vieron ubicarse en una mesa cercana a dos hombres jóvenes con aspecto campesino, mirando sospechosamente hacia él. Ambos vestían de negro y extrañamente solamente tomaban gaseosa; no dejaban de mirar a Álvaro, anotaban sus hermanas. Uno de ellos era “El Indio”. Eran aproximadamente las 3:45 de la madrugada cuando alguien le dedicó una canción a Yolanda Garcés Parra, los ocupantes de la mesa del alcalde salieron a bailar y sólo quedaron con él doña Rosa, su madre y su hermano Oscar. No acabaron de escucharse los acordes musicales cuando se oyó un primer disparo. Myriam desde la pista de baile vio a un hombre con la mano enfundada que acercándose a su hermano levantó la mano: en ese momento oyó la detonación. El proyectil disparado contra Álvaro Garcés Parra se alojó directamente en su cabeza, sin orificio de salida; la muerte de este que contaba tan solo con 34 años de edad, fue casi instantánea, después de la agresión dio inicio una balacera entre los escoltas de Álvaro y aquellos que fraguaron su asesinato.

Junto al alcalde caían personas, entre ellas uno de los sicarios que momentos antes había atentado contra él. El ejército negó tener cualquier relación con el caso. Sin embargo, la Justicia Ordinaria y la Procuraduría establecieron que un día antes del asesinato del Alcalde de Sabana de Torres, habían ingresado a las dependencias del S-2 del Batallón Ricaurte, cuyo jefe era el capitán Ardila, Isidro Carreño Estévez, y tres hombres más (entre ellos Luis Francisco Roa Mendoza) reconocidos miembros de grupos paramilitares de la región. Varios testigos detectaron la presencia de Carreño Estévez y Roa Mendoza en la feria ganadera de Sabana de Torres ese 16 de agosto. Posteriormente se comprobó que Roa Mendoza había ingresado a una clínica particular en Bucaramanga, por herida de bala. El mayor Oscar de Jesús Echandía Sánchez, oficial S-3 0 Ejecutivo del batallón Ricaurte, fue la persona que lo llevó al centro asistencial y canceló, a nombre de la ”intendencia local” (Ejército), la cuenta por servicios y gastos hospitalarios. Este mismo oficial fue señalado por la Procuraduría General de la Nación en 1983 como miembro del grupo paramilitar MAS, cuando se desempeñaba como Capitán del batallón Bárbula, acantonado en Puerto Boyacá y era alcalde militar de esa localidad. Simultáneamente con estos descubrimientos, un reservista del Ejército que venía trabajando con el B-2 Gonzalo Ortega Parada, se entregaba a la Procuraduría y confesaba que había recibido instrucciones por parte de altos oficiales de inteligencia militar, para asesinar a Álvaro Garcés Parra. Así mismo, afirmó haber realizado varias ejecuciones extrajudiciales con otros miembros de inteligencia militar, bajo las órdenes del Comandante del B-2 de la V Brigada, el coronel Urbina Sánchez. El juez que inició la investigación y el Procurador Regional que lo acompañó en esta búsqueda, fueron amenazados de muerte: el primero optó por salir del país y el segundo por irse de la región.

En septiembre 22 de 1986, a raíz de un incidente en el cual Álvaro Garcés Parra y Jesús Espitia, Tesorero Municipal, resultaron heridos, el suboficial Juan Moreno Rubio, orgánico del Batallón Ricaurte les dijo en tono amenazante: ”cuídense mucho”. Pocos meses después, cuando estaba de Subcomandante del Batallón Ricaurte y de Comandante de las Bases Militares Los Santos y Payoa, el mayor José Vicente Pérez Berrocal amenazo públicamente de muerte a varios concejales de la Unión Patriótica de Sabana de Torres. Uno de los amenazados era el concejal Francisco Hillera. Otro concejal, Hernando Ruiz, ya había sufrido un atentado con un petardo que le había sido lanzado. En sus últimos viajes a Bucaramanga, un campero Suzuki con placas IC-6898 seguía asiduamente al alcalde Álvaro Garcés. Posteriormente, Álvaro Garcés Parra encontraría esa misma placa IC-6898 en un carro Renault estacionado en el Comando de Policía de la capital santandereana.

Los únicos implicados que eran del lugar donde se cometió el crimen fueron los miembros de la policía de Sabana de Torres que se retiraron del lugar para facilitar la acción de los criminales; sin embargo no fueron investigados. La SIJIN–F-2 de Bucaramanga emitió un informe sobre las personas que murieron en los hechos, incluido el sicario, en el cual se expresaba que el único que tenía antecedentes era Álvaro Garcés Parra. Al Mayor Oscar de Jesús Echandía Sánchez y al Capitán Luis Orlando Ardila Orjuela, les dieron la baja antes de que apareciera el fallo emitido por la Procuraduría. El Comandante del Batallón Ricaurte, quien participó en la planeación del crimen, fue ascendido posteriormente. El principal testigo que trabajaba para el Ejército, Gonzalo Ortega Parada, luego de que se negará a participar en el operativo, fue amenazado y al parecer, planeaban asesinarlo o desaparecerlo, pero él logró escaparse, en ese momento. Sin embargo, poco después fue asesinado por orden del Comandante del Batallón Ricaurte (quien estaba implicado en el crimen) y fue presentado como guerrillero del ELN muerto en combate. El Juez que inició la investigación y el Procurador Regional que lo acompañó en esta búsqueda, fueron amenazados de muerte, teniendo que abandonar la región.

Las investigaciones fueron orientadas a establecer la responsabilidad únicamente de dos militares, pero no de sus superiores, ni de los demás miembros del S-2 del batallón Ricaurte que también participaron del hecho. Sólo en 1999 (doce años después) se vinculó en la investigación por el homicidio al Comandante del batallón Ricaurte. Pero, pese a existir pruebas de su participación, la Fiscalía decretó cesación de procedimiento en su favor poco después. La Justicia Penal Militar, exoneró de responsabilidad a los militares implicados inicialmente, pese a la cantidad de pruebas recaudadas por ordinaria y la Procuraduría. Aunque tanto el testimonio de Ortega Parada como el de Echandía Sánchez, aportaban información sobre la estrecha relación entre miembros del batallón Ricaurte, paramilitares y políticos, esto no fue investigado. La información solicitada por el Juzgado 11 de Instrucción Criminal de Bucaramanga a la Brigada V y al Batallón Ricaurte para ubicar a los militares implicados se demoró en ser entregada, impidiendo que fueran indagados. En el caso hubo ruptura de la unidad procesal, pues algunos de los militares que inicialmente fueron investigados, fueron absueltos por la Justicia Penal Militar, mientras la justicia ordinaria inició la investigación de los paramilitares. La Fiscalía también adelantó un proceso contra el Comandante del Batallón Ricaurte. Pero, tanto la justicia ordinaria como la penal militar en sus actuaciones favorecieron a los victimarios y por tanto a la impunidad. Se expidió finalmente, orden de captura contra tres paramilitares implicados en el múltiple homicidio, sin embargo, después fue revocada, las autoridades con funciones de policía judicial nunca detuvieron a los implicados.