GRAVE DENUNCIA DE JAVIER GIRALDO M. (S.J.) AL GOBIERNO DE COLOMBIA

Editado electrónicamente en Madrid a 29 de julio de 1997 por el Equipo Nizkor.
Derechos Humanos en Colombia
22 de Julio de 1997
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/gir2.html

PARTE 1

Dirigida a:

Doctor ERNESTO SAMPER PIZANO, Presidente de la República.

Doctor CARLOS HOLMES TRUJILLO GARCÍA, Ministro del Interior.

Doctora MARÍA EMMA MEJÍA, Ministra de Relaciones Exteriores.

Doctora ALMA BEATRIZ RENGIFO LÓPEZ, Ministra de Justicia y del Derecho.

Doctor ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ, Fiscal General de la Nación

Doctor JAIME BERNAL CUELLAR, Procurador General de la Nación.

Doctor JOSE FERNANDO CASTRO CAICEDO, Defensor del Pueblo.

Doctora SONIA ELJACH POLO, Consejera Presidencial de Derechos Humanos.

De toda consideración:

Por sexta vez en el curso de cuatro meses me permito llamar su atención, con profunda consternación, sobre la situación que se vive en la región de Urabá.

Desde el mes de marzo hemos solicitado de manera apremiante a todas las autoridades detener la violenta y criminal agresión de agentes directos e indirectos del Estado contra la martirizada población de Urabá, que ha destruido numerosas vidas humanas y ha obligado a millares de familias a desplazarse con el consiguiente deterioro de sus vidas, en sus aspectos económicos y sociales, así como en su dimensión psíquica y moral.

Desde el mes de diciembre de 1996, una sucesión de bombardeos, incursiones armadas, asesinatos -algunos de ellos perpetrados con los métodos más crueles que sea posible imaginar-, desapariciones, saqueos y amenazas acompañadas de actos de terror que las hacen contundentes, acciones todas realizadas por miembros de la fuerza pública en asociación indistinguible con civiles armados pertenecientes a reconocidas y autoreivindicadas organizacionecriminales (Cfr. revista Newsweek, june 2/97, pág.12-16), fueron produciendo éxodos masivos y un control progresivo de territorios, tanto del Chocó como de Antioquia, donde la población ha ido quedando como presa del terror.

Nuestras denuncias, a partir del mes de marzo del presente, solo han producido respuestas formales de acuses de recibo por parte de diversas autoridades, o promesas que nunca se concretan de que se ocupar n de los casos, o invitaciones a que se presenten denuncias formales antes las instancias judiciales o disciplinarias del Estado. Entre tanto la avalancha de crímenes continúa creciendo y un número cada vez mayor de poblaciones van quedando sometidas al imperio del terror, mientras numerosas vidas humanas son destruidas.

Una larga y dolorosa experiencia nos ha ido demostrando que los procesos judiciales y disciplinarios están atrapados en mecanismos que solo conducen a la impunidad.

Uno de los mecanismos más perversos que ha llevado a la deslegitimación de la justicia ha sido el uso envilecido del testimonio humano, ya para someterlo a evaluaciones arbitrarias ajenas a la lógica y a la ética; ya para convertirlo en mercancía que se intercambia por contraprestaciones; ya para exponer despiadadamente al testigo a las retaliaciones de los acusados sin protección alguna, para que la violencia vindicativa silencie contundentemente a quienes se atrevan a denunciar.

Exigir, por lo tanto, que los hechos criminales sean denunciados por sus víctimas ante los órganos judiciales o disciplinarios del Estado, ha llegado a ser hoy día el signo más claro de que no se quiere hacer justicia. El mismo Se¤or Presidente de la República declaró hace pocos días que uno de los procedimientos considerados como innovadores y ”eficaces” en el ámbito de la justicia, la llamada Política de Sometimiento a la Justicia, ”es perversa e inmoral”, pues ”lleva a que personas culpables negocien su culpabilidad con base en denuncias y confesiones y salgan libres, mientras que personas inocentes que, precisamente, por no tener nada que negociar ni confesar, terminan castigadas severamente” (El Tiempo, julio 12/97, pág. 9A). Sin embargo, han sido los mismos gobiernos los encargados de envilecer el testimonio humano, mediante la adopción de normas que consagran recompensas, negociaciones de penas, anonimato de jueces y testigos etc., procedimientos todos que fueron haciendo del testimonio una mercancía y un riesgo fatal.

Pero si bien es tan claro que el testimonio judicializado ya no es viable como instrumento apto para conducir a la verdad y a la justicia, fiscales, jueces y procuradores se atrincheran cada día m s en la política del solo testimonio, lo que los instala en la c¢moda posición de ”irresponsabilidad” y de ”pasividad”, toda vez que endosan a las victimas, a sus familiares o sus allegados toda la carga de la prueba, para luego abandonarlos despiadadamente a las venganzas fatales de los denunciados. Sabiendo, entonces, que quien denuncie pone en alto riesgo su vida, con mucha mayor contundencia en las zonas de conflicto, el exigir la denuncia formal como ”condición” para investigar algo equivale a NO QUERER HACER JUSTICIA y optar muy explícitamente por la impunidad, avalando así la multiplicación de los crímenes.

El caso de Urabá es patético: desde marzo hemos denunciado la existencia de un retén paramilitar, ubicado a 4 minutos de la base militar del barrio Policarpa de Apartadó, donde se saquean diariamente los medios de subsistencia de los campesinos desplazados que transitan entre Apartadó y el corregimiento de San José, y donde han sido retenidos numerosos campesinos para luego ser asesinados o desaparecidos. Allí no hace falta solicitar testimonios de las víctimas. Los poderes judiciales y disciplinarios del Estado han completado ya 125 delitos de omisión (si contamos solamente los días transcurridos desde nuestra primera denuncia del hecho el 12 de marzo de 1997), ya que basta una simple inspección judicial para constatar el hecho, o utilizar los vehículos ordinarios de transporte de los campesinos para poder observar los saqueos de los mercados y la confrontación rutinaria de las cédulas con la listas de los que ”van a ser asesinados”. Aún más, una delegación del Ministerio del Interior pudo observar un día el retén en plena acción. Sin embargo, el representante de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, como respuesta a nuestras denuncias, nos comunicó que la única oferta del Gobierno a este respecto era que buscáramos testigos denunciantes entre las víctimas y que la Fiscalía les ofrecería como ”protección” la ”reserva de identidad”. ¨Ignorar acaso el funcionario de la Consejería lo ocurrido con los testigos de Trujillo que confiaron en dicha ”reserva de identidad”?

En la región de Urabá las instancias judiciales y disciplinarias del Estado no necesitan el recurso al testimonio de las víctimas (que sólo serviría para arruinar además las vidas de los sobrevivientes por la contundencia de las retaliaciones). Si no han hecho inspecciones judiciales a las zonas de bombardeos militares; a los sitios de los retenes paramilitares; a las numerosísimas zonas donde la fuerza pública se pasea en compañía de paramilitares, para comprobar realidades de bulto, es porque NO QUIEREN HACER JUSTICIA y porque deciden apoyar, en la práctica, la estrategia paramilitar del Estado. Y exigir que se presenten las víctimas o los familiares a rendir testimonios, es algo que ya no puede ser juzgado sino con terribles sospechas.

Pero si bien las instancias del Gobierno y del Estado se han negado rotundamente a escuchar nuestros clamores, no podemos dejar de clamar. Después de nuestra quinta denuncia (mayo 29 de 1997), en lugar de disminuir los crímenes, han aumentado escandalosamente. Nuestra Comisión de Justicia y Paz ha tenido conocimiento de los que aquí consignamos, como constancia histórica, acompañada de nuestra más enérgica condena moral:

1. Corregimiento de San José de Apartadó:

Junio 21: Es asesinado en el retén paramilitar el campesino ÁLVARO ENRIQUE SANTOS BAQUERO, de 33 años. Se había desplazado pocos días antes de la vereda Caracolí, de San José de Apartadó, hacia el barrio La Paz, de Apartadó. Su cadáver fue dejado en la carretera, cerca del retén. Ni la Fiscalía ni la Policía quisieron hacer el levantamiento del cadáver.

Junio: en este mes fueron obligadas a desplazarse 30 personas que aún permanecían en las veredas ALTO BONITO y LA RESBALOSA.

Junio 27: son saqueados en el retén paramilitar los mercados de los campesinos y es retenido el señor REINALDO TUBERQUIA.

Julio 3: Son desalojadas por los paramilitares las veredas MIRAMAR y LA VICTORIA y sus pobladores forzados a desplazarse.

Julio 4: A las 3.00 P.M. llegan dos helicópteros al caserío con uniformados, en una operación de supuesto ”relevo de tropa”. La población identifica entre ellos a varios de los paramilitares que amenazan sistemáticamente a los campesinos en el retén paramilitar situado a 4 minutos de la base militar. Uno de los paramilitares que llegan es quien retuvo y le ató las manos a FRANCISCO TABARQUINO, miembro del Consejo de la Comunidad de Paz de San José, bajado del bus en el retén paramilitar el 17 de mayo y asesinado el mismo día.

2. Inspección de Riogrande (del municipio de Turbo, cerca de San José de Apartadó)

Junio 7: Son asesinadas en el sector de Los Mandarinos las jóvenes ALFA DELIA HIGUITA TUBERQUIA, de 14 años y con tres meses de embarazo, y LUZ HELENA VALLE ORTIZ, de 17 años. Momentos antes los paramilitares habían retenido a un jornalero de 60 años a quien conminaron a abandonar la región bajo amenazas de muerte. Luego, cuando subían hacia su casa ubicada en la vereda de Arenas Altas, de San José de Apartadó, las dos jóvenes fueron bajadas de las mulas en que se transportaban, amarradas y conducidas hacia una trocha fuera del camino. Poco después se escucharon varias detonaciones y al día siguiente el Ejército llevó sus cadáveres a la morgue del hospital de Turbo, reportándolas como ”guerrilleras dadas de baja en combate”.

Junio 17: Personal uniformado, al parecer de la Base militar del Ejército situada en Ríogrande, a 5 minutos del escenario de los hechos, penetran en la vereda Los Mandarinos, de la Inspección de Ríogrande, llegan a la casa de la Señora GILMA ROSA DUARTE, de 29 años, la ahorcan con una cadena en presencia de sus 5 hijos menores (entre 11 y 4 años), le queman su casita y arrasan los cultivos. Su esposo llega dos días después y encuentra todo desolado, viéndose obligado a abandonar la región. El mismo día, los mismos uniformados asesinan a machetazos a los ancianos JUAN CAÑAS (de 80 años) y su esposa CLARA (de 70 años), quienes son degollados. Eran vecinos de la Señora Gilma Rosa Duarte.