GRUPO PARAMILITAR ANUNCIÓ ”INMINENTE MASACRE” EN BOCAS DE ARACATACA

Hace 12 años se registró una matanza en el pueblo, lo que provocó además el desplazamiento de centenares de familias.

Elespectador.com
Judicial
8 Jun 2012
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-352142-grupo-paramilitar-anuncio-inminente-masacre-bocas-de-aracataca

Una grave situación se registra en la noche de este viernes en el corregimiento Bocas de Aracataca, luego de que el líder de la comunidad recibiera una llamada de una persona que se identificó como miembro del grupo paramilitar “Los Paisas” le anunciara una inminente masacre si no abandonaban el lugar.

Según la Fundación Misión Aurora de la ciudad de Santa Marta, en estos momentos cerca de 31 familias se encuentran recluidas en la casa comunal de este pueblo ubicado en cercanías de Ciénaga grande de Santa Marta, solicitando la presencia de las autoridades puesto que en el sector no exite un puesto de policía.
Esta es el segundo hecho preocupante durante este año, ya que el pasado 25 de mayo, los habitantes de este corregimiento recibieron por medio de panfletos amenazas en contra de sus vidas e integridad personal.

Los habitantes del corregimiento denunciaron en esos momentos que “Los Paisas” son miembros que no se desmovilizaron de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y “siguen delinquiendo en el municipio de Pueblo viejo departamento de Magdalena, bajo el mando de Hernán Cantillo Camargo conocido con el alias de ‘El Cole’.

“En los panfletos recibidos se amenaza directamente al señor Alcides Gonzales, quien es miembro de la comunidad y la única persona que se quedó en el pueblo, tras el desplazamiento masivo que tuvo lugar hace 12 años luego de la masacre ocurrida el 11 de febrero del 2000”, informaron fuentes en este caso.

En el panfleto se hacía una alusión a que tienen un infiltrado en el corregimiento, quien ha entregado información clave de las personas que reciben cada cuatro meses un subsidio de familias en acción y los que tienen animales, “como insinuando el cobro de una vacuna”.

“Se conocen casos similares de reactivación estructuras armadas al margen de la ley, con amenazas y asesinatos, especialmente en el municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena”, se aclara en la información dada.

Comunicado de la Población

La comunidad se encuentra en estado de zozobra y miedo, teniendo en cuenta que no existe ningún puesto de control policial a menos de dos (2) horas en lancha y se recuerda que es la misma forma como se dio la masacre y el desplazamiento forzado hace doce (12) años, cuando ocho (8) días después de encontrar panfletos similares, se dio la incursión armada que desembocó en la masacre citada.

Por lo anteriormente denunciado exigimos:

• Que se tomen todas las medidas necesarias y suficientes para prevenir el inminente ataque contra la vida y demás derechos fundamentales de los habitantes de esta región
• Que se desarrollen todas las medidas tendientes a proteger la vida de los habitantes del corregimiento Boca de Aracatacas, ubicado en el municipio de Pueblo viejo, departamento del Magdalena.
• Que se garantice la seguridad física y psicológica de los habitantes del Corregimiento Bocas de Aracataca
• Que la Fiscalía General de la Nación, adelante investigaciones penales rigurosas con el fin de investigar y sancionar a los responsables de estos hostigamientos y amenazas.
• Al Ministerio Público, que exija a las autoridades el estricto cumplimiento a sus competencias e investigue la acción u omisión de servidores públicos en los casos de violación de derechos humanos en el territorio.

Recordamos que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los tratados y Convenios Internacionales sobre el Estado colombiano, al ser éste el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el que adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional. Por tal razón, su mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estos crímenes se sigan perpetrando.