HAN PASADO 20 AÑOS Y SIGUE LA IMPUNIDAD POR CRÍMENES DE PERSONALIDADES

En un agosto como este, veinte años atrás, Medellín vivía momentos aciagos con la muerte violenta de dirigentes y simpatizantes de la Unión Patriótica, de miembros y activistas de los Derechos Humanos, de los más prestantes intelectuales de la época y las acciones terroristas del narcotráfico, paralelas al nacimiento y posterior consolidación de los grupos paramilitares, luego conocidos como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y las Autodefensas Unidas de Colombia.

Caracol | Agosto 23 de 2007
Por Luis Alberto Mogollón Gil
(Tomado del periódico El Tiempo).
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=470811

Los atentados criminales de grupos de sicarios, y muy particularmente los movilizados en motocicletas, mantuvieron en jaque a la sociedad antioqueña, y en especial a la de Medellín, por mucho tiempo, ante la impotencia de las autoridades para evitar los ataques y agresiones, los secuestros y asesinatos a cualquier hora del día y de la noche, y a los investigadores de la desaparecida Justicia de Instrucción Criminal para identificar, encontrar y encarcelar a los responsables de estos hechos.-

Cientos de líderes, políticos y simpatizantes de la Unión Patriótica y activistas defensores de Derechos Humanos cayeron asesinados, muchos de ellos previamente secuestrados y torturados, en las calles y veredas del país, a manos de grupos sicariales, casi siempre sin identificar.-

Medellín había conocido la muerte de varios defensores de Derechos Humanos, que integraban el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos, intelectuales, profesores, estudiantes e investigadores universitarios, líderes populares, comunales, periodistas, congresistas y dirigentes políticos de izquierda o de derecha.

Las marchas de protestas contra los crímenes de lesa humanidad, contra los ataques, amenazas e intimidaciones, se observaban en las principales calles y avenidas de Medellín, para llamar la atención y a la protección de las autoridades y clamar por el cese de la violencia selectiva.

Amenazas y muertes

Los intelectuales de la época mantenían la zozobra por las constantes amenazas contra su integridad o la de sus familias, como también por la aparición de listas con nombres de personas que serían potenciales víctimas de los sicarios, por pertenecer a partidos de izquierdas, por comunistas o por miembros de la Unión Patriótica o defensores de los Derechos Humanos en Antioquia y el país.

Una de esas marchas en favor de la vida, el jueves, trece de agosto de 1987, partió de la Universidad de Antioquia con centenares de jóvenes estudiantes, profesores investigadores y activistas de los Derechos Humanos. A la cabeza de la marcha, portando unas pancartas y pasacalles que reclamaban el derecho a la vida y el cese de la violencia iban los principales dirigentes del Comité de Defensa de los Derechos Humanos en Antioquia, los profesores universitarios Carlos Gaviria Díaz, Leonardo Betancur Taborda, Héctor Abad Gómez, Pedro Luis Valencia Giraldo, y los líderes del magisterio sindicalizado, entre otros.

Menos de 24 horas después, en la mañana del viernes, 14 de agosto de 1987, la respuesta de los sicarios y los grupos criminales no se hizo esperar. En su residencia cercana a las instalaciones de la Cuarta Brigada, y tras estrellar un vehículo contra la puerta del garaje, los asesinaron ingresaron y mataron sin piedad a Pedro Luis Valencia Giraldo, médico y profesor de la Universidad de Antioquia, reconocido defensor de los Derechos Humanos, militante del Partido Comunista y Senador de la República por el movimiento Unión Patriótica.

Había sido elegido en las votaciones de 1986, y en los planes de los grupos criminales estaba la muerte de quienes habían logrado curules en esa oportunidad, y ese hecho fue conocido entonces como el ”Baile Rojo”: ”Había que impedir el posicionamiento de la Unión Patriótica a sangre y fuego.

Ya habían asesinado al Representante a la Cámara Leonardo Posada el 30 de agosto de 1986 en Barrancabermeja, y al Senador Pedro Nel Jiménez, dos días después, en Villavicencio, Meta”, según recuerdan sus compañeros docentes de entonces y que luchan por conservar la memoria de sus acciones y enseñanzas, como Jahel Quiroga Carrillo, Directora de la Corporación Reiniciar.

Nuevas manifestaciones de protesta durante su velorio, su sepelio, y nuevas amenazas de los grupos armados ilegales que pusieron en alerta a numerosos dirigentes políticos, líderes sindicales, profesores y intelectuales antioqueños. Muchos de ellos debieron salir del país por las insistentes amenazas de muerte.

Pocos días pasaron para que la acción de los criminales fuera contundente de nuevo contra los señalados líderes de la izquierda y la intelectualidad antioqueña. En la mañana del 25 de agosto fue asesinado el profesor Luis Felipe Vélez, presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, el sindicato de los maestros en este departamento.

La conmoción fue grande e inmediata y las alertas aumentaron entre quienes supuestamente aparecían en las listas de amenazados. Ese mismo día poco, antes del anochecer y cuando, en las instalaciones de la sede de Adida, acudían al velorio de su amigo docente asesinado, también fueron acribillados los médicos y profesores de la Escuela Nacional de Salud Pública y de Medicina de la Universidad de Antioquia, Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur Taborda.

Dos reconocidos médicos salubristas, firmes defensores de los Derechos Humanos en Antioquia, y conocidos por sus posiciones académicas, intelectuales y políticas contra la violencia en todas sus formas, contra la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades en una país en desarrollo.

Amigos de grandes luchas en esa orientación murieron en el mismo lugar del atentado. Uno, Héctor Abad, en la entrada, en plena calle, y el segundo, Leonardo Betancur, en la cocina de la sede sindical, hasta donde lo siguieron los sicarios cuando trató de encontrar refugio contra las balas asesinas.

Impunidad

Veinte años después de sus asesinatos, ninguna persona ha sido detenida, juzgada y condenada como autora material o intelectual. Los crímenes contra estos defensores de los Derechos Humanos se mantienen en la impunidad, como también los cometidos contra otros dirigentes muertos violentamente por sus posturas ideológicas, políticas, sociales e intelectuales, antes de ellos, como Pedro Luis Valencia, Luis Felipe Vélez y otros, o después de ellos…

Otro crimen que sacudió las fibras de la sociedad antioqueña, de la intelectualidad, la academia y la investigación social, fue el cometido contra el humanista, abogado, antropólogo, teólogo y filósofo Luis Fernando Vélez Vélez, profesor e investigador de la Universidad de Antioquia. Era Presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia. El 17 de diciembre de ese 1987, fue secuestrado, torturado y asesinado.

Dos meses después, el 22 de febrero de 1988, fue muerto a tiros el abogado Carlos Gónima López, Coordinador del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia y Personero auxiliar de Medellín.

En Remedios, nordeste de Antioquia, en Noviembre de 1988 mataron a también abogado Alfredo Gómez doria, responsable del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Fue acribillado en el sector rural de Remedios cuando se dirigía a resolver algunos problemas de gentes de la región.

Años más tarde, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Antioquia fue bautizado con el nombre de ”Héctor Abad Gómez”. En 1998 lo lideraba el reconocido abogado Jesús María Valle Jaramillo, quien también recibió numerosas amenazas de muerte. Finalmente, a las dos y media de la tarde del 27 de febrero de 1998, fue muerto por sicarios en su propia oficina del centro de la ciudad.-

En el parque Obrero de Puerto Berrío, municipio del Magdalena medio antioqueño, el 27 de enero de 1.983, también fue asesinado Fernando Vélez Méndez, abogado, concejal liberal, y Presidente del Comité de Derechos Humanos de Puerto Berrío.

Las investigaciones cambiaron de manos constantemente y hoy la impunidad reina en esos episodios criminales que sacudieron al país…

Sobre la muerte del médico Héctor Abad Gómez, su viuda, la señora Cecilia Faciolince fue contundente y concisa: ”En realidad no tuvo ningún cubrimiento; prometieron una investigación exhaustiva, a los dos meses ya el proceso estaba cerrado; cambiaron a la juez que lo tenía, y en realidad no se hizo ninguna investigación”.

En su libro ”El olvido que seremos”, su hijo el periodista y escritor Héctor Abad Faciolince admite que esas investigaciones fueron un fracaso, y nunca llegaron a un término para señalar a los responsables materiales e intelectuales.

”Según la reconstrucción del expediente 319 del Juzgado Primero de Instrucción Criminal ambulante, por el delito de homicidio y lesiones personales, abierto el 26 de agosto de 1987, y archivado pocos años después, no hubo sindicados ni detenidos, no hubo claridad alguna y no hubo ningún resultado.

Esa investigación casi veinte años después, más parece un ejercicio de encubrimiento y de intento cómplice para favorecer la impunidad, que una investigación seria. Con decir que a un mes de abierto el caso, le dieron vacaciones a la jueza encargada, y pusieron funcionarios venidos de Bogotá, (a Medellín) a vigilar de cerca la investigación; es decir, a evitar que se investigara seriamente”. (Capítulo 40, página 242. Editorial Planeta).

La periodista María Jimena Duzán asegura que esa muerte fue cometida por los grupos criminales del país, para quienes Héctor Abad Gómez era un ”persona peligrosa” y asesinado ”por los nacientes narcoparamilitares, esa alianza maldita producto de la intolerancia y del oportunismo de unos pocos, que se fraguó desde entonces”.

”A Héctor Abad Gómez lo asesinaron porque hubo quienes lo consideraron una persona ”peligrosa”, cuyo cerebro debía ser aniquilado, como dijo Carlos Castaño en ese libro que todos recordamos, hablando de sus enemigos. Los sectores más recalcitrantes de la gran industria paisa lo consideraron un comunista y los comunistas lo acusaban de neoliberal. Héctor Abad Gómez cometió el pecado de no abrazar ninguna ideología armada. Era, simplemente, un ciudadano que exigía de su Estado el cumplimiento de la Ley. Creía en los derechos y por ellos protestaba cuando los sentía atropellados”.