LA PERSECUCIÓN CONTRA LA UP EN LA PROVINCIA DE SOTO: EL CASO DE RIONEGRO

PROYECTO COLOMBIA NUNCA MÁS ZONA 5ª
Crímenes de Lesa Humanidad • Provincias Santandereanas 1966-1998

Con la aparición de la UP en el escenario político de Rionegro el grupo político Insurgencia Liberal, creado a comienzos de los ochenta, liderado por el representante a la cámara y lugarteniente del territorio Tiberio Villarreal Ramos, vio amenazada la estabilidad de su poderío y promovió la conformación del paramilitarismo en el municipio coadyuvado por la fuerza pública. Como lo señalaba el mimo representante en una entrevista, “Por ningún motivo se podía aceptar a los intrusos. Si aparecía la violencia no se haría nada por evitarla” (La entrevista a la que se hace mención se encuentra referida en la investigación realizada por Francisco Leal Buitrago y Andrés Dávila, Clientelismo, el sistema político y su expresión regional. Tercer Mundo Editores, IEPRI, 1990, p.194); “La población, primera afectada, empezó a sentir los rigores de la presencia militar en regiones del territorio municipal” y se convirtió en víctima potencial de “Insurgencia liberal” y la fuerza pública. Un panorama más oscuro le esperaba a los concejales, activistas y simpatizantes de la UP que comenzaron a ser perseguidos y ultimados en el período previo a las elecciones de 1986, persecución que se prolongó hasta el período de 1989 año en el que los miembros de esta alternativa política fueron erradicados de la población.

Las primeras víctimas se presentaron en 1985 durante la tregua entre las FARC y el gobierno, donde las guerrillas adelantaron un trabajo político con miras a las elecciones de 1986. Los guerrilleros en tregua fueron perseguidos, asesinados o desaparecidos al igual que los campesinos que se atrevían a apoyarlos. Este es el caso de los campesinos ERNESTO CASTRO CHAPARRO de 60 años, su esposa ANA FRANCISCA RODRÍGUEZ DE CASTRO y JOSÉ ANTONIO CASTRO NARANJO y de dos guerrilleros en tregua, RICAUTE GONZALEZ y OTRO sin identificar, pertenecientes a las FARC-EP, quienes fueron asesinados por miembros de la Brigada V del Ejército en el municipio de Río Negro, Inspección de Llano Palma (Santander) el 3 de enero de 1.985.

Cinco meses después el turno fue para el concejal electo de la UP JOSE EUGENIO PINILLA ANGEL, asesinado por tres agentes de la policía el 26 de junio de 1986. Los tres hombres llegaron a la casa de José Eugenio y le expresaron “estar investigando arbitrariedades cometidas por agentes del estado”. Lo invitaron a subir al campero Viasa de placas OA 4907 para ir a dialogar con las personas que habían sido víctimas de atropellos por parte de la policía, por lo que José Eugenio accedió a ir con ellos. Dentro del vehículo acribillaron al dirigente político y arrojaron su cuerpo a la carretera.

En los meses posteriores al asesinato de José Eugenio, los habitantes que se atrevieron a votar por la nueva opción política “fueron presionados a volver al redil. Varías juntas de acción comunal localizadas en zonas donde la UP había tenido apoyo, se encontraron sin ningún tipo de recursos o auxilios de la administración municipal, la intención inicial de esta entidad fue la de castigar a los desleales”. Uno de esos castigos fue propinado contra el dirigente comunal y miembro de la UP NORBERTO GARCIA SILVA, quien fue detenido y torturado por miembros del ejército entre quienes se encontraba una persona de civil, el 3 de mayo de 1987. En el momento de la detención Norberto fue interrogado acerca de su nombre y sobrenombre con el que supuestamente se le conocía en la región, en presencia de una persona de civil que era quien los había identificado. Luego fue conducido a la base militar La Santos, ubicada en el municipio de Sabana de Torres; durante el recorrido, los militares lo presentaban como guía en persecución de la guerrilla y le mostraban dos cuerpos de unos supuestos guerrilleros que habían matado hacía poco.

En la base militar fue sometido a interrogatorios sobre cosas que él desconocía mientras le daban patadas y puños al tiempo que le mostraban unas armas y lo acusaban de pertenecer a la guerrilla, o ser auxiliador de ésta. Todas estas torturas fueron ejecutadas por una persona de civil, a la cual llamaban sargento, quien lo amenazó diciéndole “que le daba 8 días para desocupar la zona o que de lo contrario ellos lo matarían o llegado el caso las personas que tenían a sueldo para estos trabajos en la región”. Norberto fue presentado como informante del ejército y puesto en libertad después de 24 horas de detención.

En los meses previos a las elecciones de 1988, la fuerza pública y los miembros de Insurgencia Liberal adelantaron una campaña de estigmatización contra el trabajo político de la UP, afirmando que “la subversión comunista quería tomarse el poder”, estas afirmaciones sumadas a las múltiples amenazas contra sus militantes impidieron que pudiera lanzarse un candidato de la UP a la alcaldía. En los barrios y veredas donde la UP tenía adeptos, estas personas quedaron señaladas y fueron constantemente perseguidas, primero por la fuerza pública y después por los sicarios y paramilitares. A pesar de la intimidación sufrida por la población, la UP logró elegir a tres concejales en el municipio. Empero, los deseos de los poderes locales por debilitar a la oposición continuaron; dos semanas antes de la jornada electoral del 13 de marzo de 1988, las persecuciones y amenazas de muerte contra los dirigentes de la UP se concretaron; el 25 de febrero, el candidato al concejo municipal en representación de la Unión Patriótica PASCUAL ROJAS fue asesinado y otro DIRIGENTE fue herido en un atentado perpetrado por sicarios que se movilizaban en moto, en plena plaza del pueblo. El hecho fue denunciado por la Unión Patriótica, que acusó directamente a Tiberio Villarreal como “uno de los jefes paramilitares de Santander”.

La respuesta de don Tiberio y los paramilitares ante las acusaciones fue la ejecución de otro asesinato. El 27 de diciembre de 1988 hacia las 6:30 p.m., los campesinos y militantes de la UP EUCLIDES, ALONSO y MARIO GUERRERO fueron asesinados por un grupo de hombres en la inspección departamental San Rafael. Los hombres, que vestían prendas militares (traje de fatiga) llegaron hasta la vivienda de la familia guerrero y asesinaron a sus habitantes. Para finales del año la UP había perdido gran parte de su presencia en la población, su fuerza se había debilitado y se encontraba a la defensiva y en retirada, pues ya eran muchas las víctimas y pocas las posibilidades de subsistir. La última agresión de los paramilitares contra los activistas de la UP se realizó el 13 de febrero de 1989, día en que PABLO CASALLAS TRUJILLOS fue asesinado por un grupo de hombres que llegaron a su residencia, ubicada en la Inspección Departamental San Rafael y le dispararon, dejándolo gravemente herido. Pablo murió posteriormente en el Hospital González Valencia.

FUENTES: Itinerario de la Represión y la violencia institucionalizadas CPDH. Denuncia realizada por Antonio Chaparro Vega ante el procurador regional de Bucaramanga, el 7 de mayo de 1987. Boletín Informativo Justicia y Paz, Volumen 1, Número 4.
CPDH. Itinerario de la Represión y la Violencia Institucionalizadas, 1986.
LEAL BUITRAGO, Francisco y DAVILA, Andrés. Op Cit. p. 193.
Denuncia presentada por Antonio Chaparro Vega ante el procurador regional de Bucaramanga,
7 de mayo de 1987