LA TOMA PARAMILITAR DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA: ¿NEGLIGENCIA O COMPLICIDAD DEL ESTADO COLOMBIANO?

Autor: ENOÏN HUMANEZ BLANQUICETT
Diciembre 09 de 2008
http://comunidades.semana.com/wf_InfoNoticia.aspx?IdNoticia=829

El 16 de julio de 1996 asesinaron en su residencia, mientras vía la telenovela de las ocho de la noche, al profesor Alberto Alzate Patiño. El docente era reconocido como uno de los profesores más calificados con que contaba en ese entonces la universidad de Córdoba. Dos semanas después del asesinato del profesor Alzate, los dirigentes del movimiento sindical y estudiantil y las directivas de la Universidad de Córdoba, asistieron a un consejo de seguridad con el gobernador Carlos Buelvas Aldana, para analizar la escalada de violencia que se venía presentando contra los miembros de la comunidad universitaria. Exactamente un mes y cinco días antes habían atentado contra la vida del presidente del sindicato de trabajadores de la Universidad René Cabrales Sossa y un año antes había sido asesinado al profesor Francisco Aguilar Madera. Varios días después del atentado contra Cabrales, el diario local publicó las declaraciones de una fuente del comando de Policía de Córdoba, que atribuía el hecho a posibles venganzas personales o a ajustes de cuentas entre bandas. Curiosamente Mancuso, en sus últimas versiones a la fiscalía dijo que “los dieciséis asesinatos selectivos de las Autodefensas contra trabajadores y dirigentes sindicales de la Universidad de Córdoba, entre 1990 y 2000, habrían sido apoyados por la Fuerza Pública del Departamento, específicamente por la Policía”.

En aquella reunión con el Gobernador estuvieron Benito Osorio Villadiego, secretario de gobierno de la época. Osorio adquirió fama nacional este año por haber sido nombrado por el presidente gobernador interino del departamento y haber renunciado días después, cuando la revista Cambio reveló una visita suya a Mancuso. Además de él estuvieron los delegados de los comandantes seccionales del Ejército, la Policía, el jefe del DAS y miembros del CTI de la Fiscalía. En la reunión el comandante del ejercito le ofreció armas y entrenamiento militar a todos aquellos universitarios que estuvieran dispuestos a enfrentar a los “bandidos que atentaban contras las personas de bien de la universidad”. Alfonso Naar le respondió: “Comandante, los que nos están matando son profesionales en el manejo de las armas y frente a ellos la respuesta no es con armas. Es con justicia.” En el resto de la reunión el comandante guardó silencio y el director del das y los miembros de la fiscalía prometieron una investigación exhaustiva. La reunión se levantó y las investigaciones exhaustivas nunca se realizaron.

La noche del 19 de enero de 1997 desaparecieron al profesor del Inem de Montería Álvaro José Taborda Álvarez, al obrero Francisco Javier Galarcio Polo, y al historiador Claudio Manuel Pérez Álvarez. Ninguno de los tres era miembro de la universidad de Córdoba en el momento de su desaparición. Pero el día siguiente los tres fueron asociados a esta a través de un rumor, que se hizo circular en Montería, en el que se afirmaba que su desaparición obedecía a una retaliación de las autodefensas por el caso de la bomba que estalló el 17 de de diciembre de 1996 en la sede de Ganacor en el edificio Morindó. Otro rumor que circuló asociaba las desapariciones con purgas internas entre los desmovilizados de la guerrilla del EPL. Según esa versión las tres victimas se habían negado a integrarse a los grupos paramilitares, como lo habían hecho muchos de sus compañeros de militancia. En sus últimas declaraciones ante la Fiscalía el mismo Mancuso ha vuelto a asociar los nombres de estas personas y el del dirigente sindical del magisterio Manuel Ruiz Albares a la comunidad universitaria, aduciendo que las intervenciones paramilitares en la universidad se produjeron porque allí “Hubo mucha injerencia de la guerrilla” y se negociaban secuestros. Curiosamente la versión de que los secuestros se negociaban en la universidad de Córdoba la pusieron a rodar algunos exdirigentes del EPL, que nunca estuvieron vinculados con la Universidad y que luego terminaron involucrados con las autodefensas.

La desaparición forzada de Álvaro Taborda, de Claudio Pérez y Francisco Galarcio volvió a prender las alarmas. Ante los hechos, una vez más los miembros de la dirigencia social de la universidad de Córdoba volvieron a hacer el recorrido por los organismo de protección y seguridad del Estado para denunciar que se estaba fraguando una casería de brujas contra los activistas sindicales y estudiantiles de la U. A finales de mayo de 1998 fue asesinado el representante de los profesores ante el Consejo Superior de la Universidad Misael Díaz Urzola. El hecho estuvo inscrito dentro de una ola de asesinatos -en serie- contra el profesorado del departamento. Era tan fuerte la saga criminal contra el magisterio cordobés, que refiriéndose al asesinato del profesor Días Carlos Pulgarin, corresponsal de El Tiempo, afirmó que en Córdoba ser educador era “la profesión más peligrosa”. La muerte del profesor Días llevó de nuevo a los actores sociales universitarios a formular sus denuncias ante los organismos judiciales y de seguridad del Estado. Para colmo, un diario local dio cabida a un rumor que sugería que la muerte de Díaz podía haber obedecido a que abandonó la ciudad después de la desaparición de Taborda, Pérez y Galarcio. Supuestamente eso había llamado la atención de sus victimarios, que vieron en él un cómplice de los hechos que se le atribuían a los desaparecidos.

El 19 de enero de 2009, nueve dirigentes estudiantiles de la universidad fueron amenazados. A pesar de las múltiples denuncias públicas, las amenazas contra el movimiento estudiantil de la Universidad de Córdoba, apenas fueron registradas por los medios de prensa locales. Aunque los estudiantes denunciaron los hechos ante el Ministro de Educación Germán Bula Escobar, del Procurador General de la Nación Jaime Bernal Cuellar, del vicefiscal Virgilio Hernández, del Defensor del Pueblo José Fernando Castro Caicedo, de la oficina para los derechos humanos del Ministerio del Interior y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia de la ONU, Almudena Mazarrasa, quien pidió al gobierno colombiano medidas precautelares, el Estado colombiano hizo muy poco para atajar la ola de asesinatos que se vía venir. Las medidas precautelares recomendadas por el Alto Comisionado de la ONU no fueron suficientes para salvar a Marlin De la Ossa Quiñónez, que fue asesinada el 22 de mayo de 2000, cuando regresaba de la universidad. Al momento de su muerte contaba cinco meses de embarazo y había decidido regresar a su pueblo, porque no soportó en Bogotá la rudeza del desplazamiento. Antes del asesinato de De la Ossa, habían sido asesinados los estudiantes Pedro Esteban Manotas, Eduardo Enrique Hernández y Sheila Olascoaga Quintero. El 10 de abril mataron al profesor James Pérez y meses antes el profesor Hugo Iguran Cotes, candidato a la rectoría, había sufrido un atentado y aún así insistía en su campaña. Después de las elecciones universitarias fue asesinado en la casa del rector electo Víctor Hugo Hernández el 10 de agosto de 2000. El Tiempo del 11/08/008 informó que por su presunta participación en la muerte de del profesor Iguaran, fue detenida la exdirectora del CTI Córdoba Rosalba Negrete Flórez.

Las autodefensas, que se habían atribuido públicamente el asalto a un bus de la Universidad y el secuestrado, el 22 de marzo de 2000, de los estudiantes Carlos Ramírez y Mauricio Hernández, “retuvieron” el primero de mayo al rector Eduardo González Rada. El Tiempo del 6 de junio de 2000 informa que los paramilitares le anunciaron el 18 de abril a la comisión humanitaria, que recibió a los dos estudiantes secuestrados, que “intervendrían directamente el centro educativo”. Con ese anuncio formalizaban su presencia en la Universidad, pues un año atrás Carlos castaño había anunciado la creación de las autodefensas universitarias. Según el diario El Universal 6/12/008 Mancuso sostuvo en sus últimas declaraciones que las AUC “infiltraron la institución a través de César Bedoya.” Extrañamente, César Bedoya fue nombrado director de la Oficina de Extensión y Fomento de la Universidad de Córdoba, en la administración de Víctor Hugo Hernández. El tiempo del 4 de octubre del 2001 informa que Bedoya fue desaparecido el 28 de agosto de ese año, cuando se dirigía a Barranquilla a diligenciar su ingreso a una maestría de la Universidad del Atlántico.

En sus declaraciones, Mancuso afirma reiteradamente que su intervención en la Unicor se produjo para “limpiar la Universidad” y acabar con el caos que allí existía. En mayo de 2000 El Tiempo informaba que el director del (CTI) de la fiscalía en Montería, Jorge Rojas Pinzón, presumía que la ola violenta en la Unicor obedecía a “una campaña de amedrentamiento entre fuerzas que se disputan el control de la Universidad”. De otra parte sostenía que los estudiantes habían denunciado a la administración de entonces por “patrocinar nóminas paralelas, manipular la escogencia y capacitación de docentes, entre otras presuntas irregularidades”. A pesar de los continuos asesinatos, el funcionario sostenía de que no habían aún “indicios sólidos para sacar conclusiones definitivas”. De ello se podría deducir que la falta de acción del Estado fue el aliciente principal que encontraron los criminales para continuar con su baño de sangre. La captura de Claudio Sánchez, es el primer hecho judicial concreto que se produce dentro de esa novela tenebrosa. Sánchez que fue capturado por sus presuntos vínculos con las AUC, debe contribuir al esclarecimiento de los crímenes que se cometieron contra profesores, trabajadores y estudiantes de la Unicor, durante las últimas décadas. Resultaría inaceptable que se siga utilizando para justificar la matanza en este centro universitario el argumento falaz de que éste era un “nido de guerrilleros”. O se parapeten excusas como la del propio presidente de la republica, cuando asumió recientemente la defensa pública del rector Sánchez, afirmando que esta universidad era en el pasado “un antro de delincuencia”, “controlado” por la “politiquería”.

Como lo afirmó a El Tiempo Armando Manuel López Hernández, representante de los estudiantes ante el Consejo de Binestar Universitario, en mayo del 2000: los estudiantes de la Unicor nunca fueron “beligerantes” y las víctimas que habían caído “hasta el momento” no eran “activistas ni simpatizantes de grupos de extrema”. El ejemplo de lo dicho por López Hernández era Francisco Ayazo, que no se escondía para hacerle campaña al movimiento político del senador Juan Manuel López en la U y cuya muerte Mancuso acaba de Reconocer.

Hace pocas semanas el fiscal Jorge Iván Piedrahita ordenó la revisión de las bases de datos de todas las universidades públicas de la capital. Con la medida se respondía a las denuncias de la senadora Gyna Parodi sobre la presunta infiltración guerrillera de los centros universitarios bogotanos. La celeridad de la intervención de los organismos judiciales en el caso de las universidades bogotanas, contrasta con la tardía intervención en la Unicor, donde a pesar de las evidencias –y el grado supremo de violencia- nadie quiso darse por enterado, a pesar de las permanentes denuncias.