“LOS TÚNELES SECRETOS DEL PARAMILITARISMO”

PROYECTO COLOMBIA NUNCA MÁS ZONA 5ª – Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad 1966-1998
Segunda Parte – Sectores sociales atacados: Militantes de partidos y movimientos políticos de oposición

El viernes 15 de agosto de 1987, todo el mundo en Sabana de Torres se estaba preparando para las fiestas ganaderas de ese municipio, que tendrían lugar ese fin de semana. Ese mismo día ingresaban a la Sección Segunda (S-2), o Inteligencia Militar del Batallón de Infantería No. 14 Ricaurte, acantonado en Sabana de Torres, Luis Medina Tirado, Luis Horacio Traslaviña, Luis Francisco Roa Mendoza e Isidro Carreño Estévez. Según lo anotado en el libro de registro del Batallón, el último en salir de las instalaciones militares fue Carreño Estévez, que se marchó a las 11: 50 a. m.

En la fecha señalada, varias personas vieron en la feria a cinco forasteros: dos vestidos de negro y dos de café, y a otro con la mano izquierda defectuosa. En la feria, horas más tarde, se presentaría un extraño incidente: cuando Álvaro Garcés Parra con un grupo de personas de la alcaldía se prestaban a hacer un recorrido para ver cómo se adelantaban las actividades de la feria, un hombre, en aparente estado de embriaguez se coló entre la comitiva; ofrecía refrescos, brindaba licor, invitaba a comer helados, posaba para fotografías junto al Alcalde. El sujeto, desconocido por todos, en un momento dado insistió para que Álvaro le recibiera un sombrero blanco con una pluma como obsequio y se lo pusiera. La insistencia era inusual y hasta los integrantes de la comitiva municipal lo advirtieron; todos lo identificaron posteriormente como “El Indio” o Dagoberto Bustamante, participante directo del crimen de Álvaro Garcés. Desde la tarde, hasta avanzadas las horas de la noche, fueron vistos cerca de la caseta ganadera los cuatro extraños sujetos y el hombre de la mano defectuosa, “mano de ñeque” por varios conocidos de la víctima. El Indio o Dagoberto Bustamante, Luis Francisco Roa, mano de ñeque, Fabio Guzmán Rodríguez y Asdrúbal Centeno Rodríguez, fueron reconocidos por los testigos como estos extraños sujetos. También Isidro Carreño Estévez fue identificado como otra de las personas sospechosas que rondaba cerca de la caseta ganadera.

En la noche del sábado 16 de agosto de 1987 todo era fiesta y feria en Sabana de Torres, las personas acudían a la caseta ganadera a bailar. Hacia las 10:00 p. m. llegó Álvaro Garcés con su familia y sus escoltas. Hacia las 3 de la madrugada dejaron libre la entrada de la caseta. En ese momento los acompañantes de Álvaro vieron ubicarse en una mesa cercana a dos hombres jóvenes con aspecto campesino, mirando sospechosamente hacia él. Ambos vestían de negro y extrañamente solamente tomaban gaseosa; no dejaban de mirar a Álvaro, anotaban sus hermanas. Uno de ellos era “El Indio”. Eran aproximadamente las 3:45 de la madrugada cuando alguien le dedicó una canción a Yolanda Garcés Parra, los ocupantes de la mesa del Alcalde salieron a bailar y sólo quedaron con él doña Rosa, su madre y su hermano Oscar. No acabaron de escucharse los acordes musicales cuando se oyó un primer disparo. Myriam desde la pista de baile vio a un hombre con la mano enfundada que acercándose a su hermano levantó la mano: en ese momento oyó la detonación. El proyectil disparado contra Álvaro Garcés Parra se alojó directamente en su cabeza, sin orificio de salida; la muerte de este que contaba tan solo con 34 años de edad, fue casi instantánea; después de la agresión se presentó una balacera entre los escoltas de Álvaro y aquellos que fraguaron su asesinato. Junto al Alcalde caían personas, entre ellas uno de los sicarios que momentos antes había atentado contra él.

El Ejército negó tener cualquier relación con el caso. Sin embargo, la Justicia Ordinaria y la Procuraduría establecieron que un día antes del asesinato del Alcalde de Sabana de Torres, habían ingresado a las dependencias del S-2 del Batallón Ricaurte, cuyo jefe era el Capitán Ardila, Isidro Carreño Estévez, y tres hombres más (entre ellos Luis Francisco Roa Mendoza) reconocido miembro de grupos paramilitares de la región. Varios testigos detectaron la presencia de Carreño Estévez y Roa Mendoza en la feria ganadera de Sabana de Torres ese 16 de agosto. Posteriormente se comprobó que Roa Mendoza había ingresado a una clínica particular en Bucaramanga, por herida de bala. El mayor Oscar de Jesús Echandía Sánchez, oficial S-3 0 Ejecutivo del batallón Ricaurte, fue la persona que lo llevó al centro asistencial y canceló, a nombre de la “Intendencia Local” (Ejército), la cuenta por servicios y gastos hospitalarios. Este mismo oficial fue señalado por la Procuraduría General de la Nación en 1983 como miembro del grupo paramilitar MAS, cuando se desempeñaba como Capitán del Batallón Bárbula, acantonado en Puerto Boyacá y era Alcalde Militar de esa localidad. Simultáneamente con estos descubrimientos, un reservista del Ejército que venía trabajando con el B-2, Gonzalo Ortega Parada, se entregaba a la Procuraduría y confesaba que había recibido instrucciones por parte de altos oficiales de inteligencia militar, para asesinar a Álvaro Garcés Parra. Así mismo, afirmó haber realizado varias ejecuciones extrajudiciales con otros miembros de inteligencia militar, bajo las órdenes del Comandante del B-2 de la V Brigada, el Coronel Urbina Sánchez. El juez que inició la investigación y el Procurador Regional que lo acompañó en esta búsqueda, fueron amenazados de muerte: el primero optó por salir del país y el segundo por irse de la región.

En septiembre 22 de 1986, a raíz de un incidente en el cual Álvaro Garcés Parra y Jesús Espitia, Tesorero Municipal, resultaron heridos, el Suboficial Juan Moreno Rubio, orgánico del Batallón Ricaurte les dijo en tono amenazante: “cuídense mucho”. Pocos meses después, cuando estaba de Subcomandante del Batallón Ricaurte y de Comandante de las Bases Militares Los Santos y Payoa, el Mayor José Vicente Pérez Berrocal amenazó públicamente de muerte a varios Concejales de la Unión Patriótica de Sabana de Torres. Uno de los amenazados era el Concejal Francisco Hillera. Otro Concejal, Hernando Ruiz, ya había sufrido un atentado con un petardo que le había sido lanzado. En sus últimos viajes a Bucaramanga, un campero Suzuki con placas IC-6898 seguía asiduamente al Alcalde Álvaro Garcés. Posteriormente, Álvaro Garcés Parra encontraría esa misma placa IC-6898 en un carro Renault estacionado en el Comando de Policía de la capital santandereana.

Los únicos implicados que eran del lugar donde se cometió el crimen fueron los miembros de la Policía de Sabana de Torres que se retiraron del lugar para facilitar la acción de los criminales; sin embargo no fueron investigados. La SIJIN–F-2 de Bucaramanga emitió un informe sobre las personas que murieron en los hechos, incluido el sicario, en el cual se expresaba que el único que tenía antecedentes era Álvaro Garcés Parra. Al Mayor Oscar de Jesús Echandía Sánchez y al Capitán Luis Orlando Ardila Orjuela, le dieron la baja antes de que apareciera el fallo emitido por la Procuraduría. El Comandante del Batallón Ricaurte, quien participó en la planeación del crimen, fue ascendido posteriormente. El principal testigo que trabajaba para el Ejército, Gonzalo Ortega Parada, luego de que se negara a participar en el operativo, fue amenazado y al parecer, planeaban asesinarlo o desaparecerlo, pero él logró escaparse en ese momento. Sin embargo, poco después fue asesinado por orden del Comandante del Batallón Ricaurte (quien estaba implicado en el crimen) y fue presentado como guerrillero del ELN muerto en combate. El Juez que inició la investigación y el Procurador Regional que lo acompañó en esta búsqueda, fueron amenazados de muerte, teniendo que abandonar la región.

Las investigaciones fueron orientadas a establecer la responsabilidad únicamente de dos militares, pero no de sus superiores, ni de los demás miembros del S-2 del Batallón Ricaurte que también participaron del hecho. Sólo en 1999 (doce años después) se vinculó en la investigación por el homicidio al Comandante del Batallón Ricaurte. Pero, pese a existir pruebas de su participación, la Fiscalía decretó cesación de procedimiento en su favor poco después. La Justicia Penal Militar exoneró de responsabilidad a los militares implicados inicialmente, pese a la cantidad de pruebas recaudadas por la justicia ordinaria y la Procuraduría. Aunque tanto el testimonio de Ortega Parada como el de Echandía Sánchez aportaban información sobre la estrecha relación entre miembros del Batallón Ricaurte, paramilitares y políticos, esto no fue investigado. La información solicitada por el Juzgado 11 de Instrucción Criminal de Bucaramanga a la Brigada V y al Batallón Ricaurte para ubicar a los militares implicados se demoró en ser entregada, impidiendo que fueran indagados. En el caso hubo ruptura de la unidad procesal, pues algunos de los militares que inicialmente fueron investigados, fueron absueltos por la Justicia Penal Militar, mientras la justicia ordinaria inició la investigación de los paramilitares. La Fiscalía también adelantó un proceso contra el Comandante del Batallón Ricaurte. Pero, tanto la justicia ordinaria como la penal militar en sus actuaciones favorecieron a los victimarios y por tanto a la impunidad. Se expidió finalmente, orden de captura contra tres paramilitares implicados en el múltiple homicidio; sin embargo, después fue revocada; las autoridades con funciones de policía judicial nunca detuvieron a los implicados.

Fuente. “Los túneles secretos del paramilitarismo”, capítulo V, en Liga Internacional por los derechos y la liberación de los pueblos.
El Camino de la Niebla. Volumen II. El asesinato político en Colombia y su impunidad. Bogotá, abril de 1990, pp. 176-230.