SENTENCIA RATIFICANDO PARCIALMENTE CONDENA EN EL CASO DEL JEFE PARAMILITAR “JUANCHO PRADA”

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL
Bogotá, D.C., siete (7) de octubre de dos mil quince (2015)
(http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/prada2.html)

Cargo 78: Masacre de la Gasolina. Homicidios de Carlos Alfonso Romero Pardo, Ángel Miguel Muñoz Amorocho, Gabriel Ángel Mesa Carrasquilla, Edgar Antonio Pobeda Lobatón -consumados-, y Antonio Badillo Torres -tentado-, desplazamiento forzado, actos de terrorismo y daño en bien ajeno

Cuando Carlos Alfonso Romero Pardo, Ángel Miguel Muñoz Amorocho, Gabriel Ángel Mesa Carrasquilla, Edgar Antonio Pobeda Lobatón y Antonio Badillo Torres fueron sorprendidos extrayendo ilegalmente gasolina del oleoducto que cruza el municipio de San Martín, el 16 de abril de 1996, los miembros de las AUC Jhon Vega Alvernia, alias ”Norris”, Manuel Antonio Villamizar Barrientos, alias ”Mañe”, Juan Tito Prada, Alberto Durán Blanco, alias ”Barranquilla” y los sujetos conocidos con los sobrenombres de ”Piña”, ”Muelas”, ”Hostermana” y ”Tripas”, procedieron a dispararles con armas de fuego ocasionándoles la muerte, con excepción de Badillo Torres, quien resultó herido y tuvo que desplazarse de la región.

En la misma fecha, los agresores también incineraron la tractomula que estaba siendo cargada con la gasolina hurtada, de propiedad de Gloria Estela Rivera, una camioneta perteneciente a Eduar Roldán Puentes, y un tractor.

Por el múltiple suceso, se le formularon cargos al procesado a título de autoría mediata, por los delitos de homicidio en persona protegida -consumados y tentado-,actos de terrorismo, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil y destrucción y apropiación de bienes protegidos, tipificados en los artículos 135, 144, 159 y 154 de la Ley 599 de 2000, en su orden; ejecutados en las circunstancias de mayor punibilidad previstas en los numerales 2 y 5 del artículo 58 Ib.

Dichos cargos fueron legalizados, aclarándose que las penas aplicables para los delitos de terrorismo y destrucción y apropiación de bienes protegidos -daño en bien ajeno-, son las contenidas en el Estatuto Penal de 1980