UN HOMICIDIO SELECTIVO: EL PROCESO POR EL ASESINATO DE JOSUÉ CAVANZO, DIRIGENTE DE LA UNIÓN NACIONAL DE OPOSICIÓN (UNO) Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DE CIMITARRA

CNRR – GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA
EL ORDEN DESARMADO • LA RESISTENCIA DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE (ATCC) – 2011

Josué Cavanzo, concejal de la Unión Nacional de Oposición (UNO), fue víctima de un atentado el 9 de enero de 1977, cuando se disponía a ingresar a su residencia en Cimitarra en compañía de algunos miembros de su familia y, un poco antes de las 10 p.m., cuando se iniciaba el toque de queda que regía en el municipio. El asesino, después de llamar al occiso como “compañero”, disparó dos veces, haciendo blanco con uno de los proyectiles en la frente del concejal, lesión que le provocó la muerte al día siguiente en Medellín, lugar a donde había sido trasladado para salvarle la vida.

Durante los tres primeros días del insuceso, el juez promiscuo municipal de Cimitarra, no realizó ninguna diligencia, limitándose a dictar un “auto cabeza de proceso” abriendo la investigación. El único documento que en esos días se allegó a la investigación provino del mayor Eduardo Soler, del batallón de Artillería No 5 “Galán”, de Cimitarra, que el día 10 de enero, colocó, a disposición del juez promiscuo municipal de esta población, la primera pista para esclarecer el homicidio: se trataba de una carta encontrada en un allanamiento en la que miembros del Centro Lenín de Cimitarra reclamaban a Cavanzo el nombramiento realizado por el concejo en el cargo de tesorero a una persona del “oficialismo” o de filiación distinta a la del Partido Comunista, lo cual consideraban un regalo para los partidos tradicionales y un “atropello contra los intereses del partido”. No obstante –argumentaban- que “en otras plazas del país existen militantes que se quedaron sin puesto”. La hipótesis fue recogida por algunos sectores políticos locales530, mas no así por las autoridades judiciales que ni siquiera citaron a rendir testimonio a los autores de aquella misiva.

Abocó la investigación el juzgado noveno de instrucción criminal del Distrito Judicial de San Gil, a cargo del juez José Ariel Cala Sanmiguel, quien se trasladó a Cimitarra realizando una exhaustiva pesquisa para dar con el autor material del homicidio. Luego de recibir cerca de 60 testimonios y declaraciones tendientes a identificar al autor del atentado y sus acompañantes, el juez Cala procedió, el 10 de febrero de ese mismo año, a proferir el primer auto de detención en el caso contra un individuo que al parecer había alojado a uno de los sicarios.531

Posteriormente el juez Cala recibió otras diez declaraciones y el 18 de febrero ordenó la captura de un individuo que había sido señalado por los testigos como presunto cómplice del crimen del concejal. El 9 de mayo de 1977, el Juez Eduardo Muñoz, encargado del juzgado cuarto superior del Socorro, consideró que la investigación se hallaba cumplida y el término de instrucción vencido, por lo cual declaró cerrada la misma. Sin embargo, el Fiscal Rafael Díaz Mesa repuso la medida planteando su extrañeza dado que ese mismo despacho, en reciente pronunciamiento, había indicado que el proceso “tenía puntos oscuros en el seno de la etapa sumarial del mismo y a ello debe de procederse en forma inmediata”.532 El juez Muñoz aceptó la reposición, ordenando nuevas pruebas y concediendo al juez comisionado “amplias y suficientes facultades para practicar cuantas diligencias considere necesarias”. Viene posteriormente el intento de cierre de la investigación en julio 22 de ese mismo año. Ante ello el fiscal se abstiene de rendir concepto precalificatorio por considerar que ésta todavía se hallaba inconclusa, dado que a uno de los sindicados no se le había declarado “reo ausente” y al otro no se le había vinculado jurídicamente; adicionalmente consideró como “monstruoso” pronunciarse sobre la complicidad de uno de los sindicados cuando al autor o autores del crimen no se les había obligado a comparecer. Por esas razones, la juez del Juzgado Cuarto superior del Socorro, Marey Pinzón Pinzón revoca, el 15 de septiembre, por segunda vez la decisión de cerrar la investigación, concediendo a la vez, al único detenido, la libertad provisional.533 La juez Pinzón Pinzón, en octubre de 1977, resuelve declarar reos ausentes a dos individuos que no se habían podido ubicar y un año después –el 24 de noviembre de 1978- declara cerrada la etapa investigativa, pidiéndole a las partes que presenten sus alegatos de conclusión y al fiscal su concepto precalificatorio.

Tres años y medio después, el 1 de abril de 1981, el fiscal Eliseo Díaz expidió su concepto planteando, entre otras peticiones investigativas, hacer un esfuerzo para la captura de los dos reos ausentes; hacer reconocimiento de personas o de fotos en caso de no aprehenderse a los sindicados; y citar a declarar a quienes oyeron en Puerto Boyacá que uno de los acusados había reconocido en público la autoría del crimen. Así mismo se destacan otras tres sugerencias del mencionado fiscal:
“3. investigar lo concerniente a la conducta del Coronel del Ejército Nacional de apellido Espitia, quien le ordenó o aconsejó a Cavanzo que abandonara la región”534
“8. Interrogar al teniente ya citado sobre los hechos y en particular sobre el alcance de sus palabras cuando aseguró que la Policía Nacional no tenía nada que ver con el crimen y que éste era obra del Ejército…”.
“9. Si la investigación se efectúa con seriedad y la diligencia que el caso requiere, necesariamente habrá que vincular a otros como procesados, sobre todo en calidad de autores intelectuales. Porque no es natural que un pesero sea el intelectual del crimen. Así se lograría que el hecho no quede en la impunidad, como lo presienten muchos de los testigos que aquí declaran al referirse a la muerte violenta de dos Concejales de la UNO, Josué Cavanzo y José Romaña Mena”535.

La Juez Cuarta Superior, al declarar cerrada la etapa instructiva, prescribió la reapertura de la investigación ordenando la práctica de las diligencias sugeridas por el Fiscal. Algunas de las medidas fueron exitosas pues se logró la captura de uno de los dos sospechosos, se hicieron reconocimientos en fila de presos, se realizaron ampliaciones y se recogieron más declaraciones. Otras medidas al parecer no pudieron realizarse, como la que se pedía con el teniente de la policía y la del coronel del Ejército, la primera porque el funcionario ya no estaba al servicio de la institución y se desconocía su paradero536; y la otra porque el oficial había sido trasladado a la Tercera Brigada, en la ciudad de Cali.537 Dentro del expediente no aparecen documentos posteriores que insinuaran alguna insistencia de las autoridades judiciales para que los uniformados comparecieran a responder por las inquietudes expuestas en el proceso. Las nuevas diligencias tampoco dieron los resultados esperados para que la investigación por el crimen de Cavanzo fuera resuelto.

Por otra parte, en febrero 12 de 1982, al cumplir 180 días de privación de la libertad, el único sindicado preso salió en libertad provisional al no haberse calificado el mérito del sumario, el otro sindicado nunca fue hallado. Pasaron más de seis años sin que se registrara ninguna diligencia dentro del proceso, hasta que en julio 11 de 1989, el Juzgado Cuarto Superior del Socorro, declaró efectivamente cerrada por segunda vez la investigación. La última diligencia que registra el proceso es la de abril 3 de 1991, por medio de la cual el juez Néstor Yesid Niño Ariza calificaría por segunda vez el proceso adelantado por el homicidio de Josué Cavanzo, ordenando el sobreseimiento temporal de procedimiento contra tres únicos procesados acusados de ser autores materiales del crimen, debido a que no existían las bases probatorias suficientes para construir un pliego de cargos por la existencia de varios vacíos en la investigación.

¿Cuáles fueron las principales lagunas e inconsistencias para no concretar cargos contra por lo menos uno de los sospechosos?: A) No se realizaron algunas diligencias en la primera fase investigativa, para comprobar la veracidad de la coartada planteada por uno de los acusados. B) Los cambios en las versiones de los testigos a lo largo del proceso.

Así, una de las testigos, que en principio fue enfática en identificar que vio al principal acusado con el arma en la mano luego del crimen, posteriormente afirmó que no “había dicho nunca”, que lo conoció y que no estaba segura si era la misma persona. Igualmente, otra testigo, que había reconocido al presunto autor de los disparos en la diligencia de reconocimiento de fila de presos, después aseguró, en una declaración, que no le había visto la cara al sospechoso, pues el sombrero lo tenía inclinado sobre la frente y el poncho le tapaba la boca. Concluía el juez, a propósito de este testimonio, que era contradictorio, el que en una diligencia se afirmara que no había visto al autor de los disparos, mientras que en otra se le reconociera. Para el juez, la debilidad probatoria podría provenir de las circunstancias del crimen, es decir, por haber sido cometido en horas nocturnas, por un extraño, o por el “miedo de los deponentes de señalar al causante de la tragedia, ya que la situación de orden público en Cimitarra, para esa época, era de completa guerra, lo que evidentemente mantenía desprotegidas sus vidas y derechos”.538

El juez no dejó de reconocer en su providencia, lo que varios de los testigos declarantes en el proceso habían manifestado: la certidumbre que se había tratado de un crimen con móviles políticos. Por esto, señalaba: “De otro lado el crimen pudo tener móviles políticos, ya que otro miembro del concejo de Cimitarra, militante de (la) UNO, José Romaña Mena, había corrido la misma suerte con anterioridad, con una clara manifestación de violencia política. Además, el señor Cavanzo había sido objeto de continúas retenciones y acosos por parte del Ejército debido a que lo señalaban como integrante del partido comunista y con anterioridad estuvo preso por un presunto ataque a una patrulla del Ejército en cercanías de Cimitarra”.539

527 Fiscalía Especializada. San Gil. Expediente 16.077.
528 Fiscalía Especializada. San Gil. Expediente 44.882.
529 Fiscalía Especializada. San Gil. Expediente 6867932233.
530 El Bogotano. Enero 11 de 1977.
531 Juzgado Cuarto Superior. Socorro. Abril 3 de 1991. Juzgado noveno de instrucción
criminal de San Gil. Febrero 10 de 1977. f.204 ss.
532 Juzgado Cuarto Superior. Expediente por el homicidio de Josué Cavanzo. Fiscalía
del Juzgado Cuarto Superior. Socorro, Mayo 13 de 1977.f.354 r.
533 Juzgado Cuarto Superior. Expediente por el homicidio de Josué Cavanzo. Fiscalía
del Juzgado Cuarto Superior. Socorro, Septiembre 15 de 1977.f.412-414.
534 Juzgado Cuarto Superior. Expediente por el homicidio de Josué Cavanzo. Fiscalía
del Juzgado Cuarto Superior. Socorro, Abril 4 de 1981.F.439r.
535 Juzgado Cuarto Superior. Expediente por el homicidio de Josué Cavanzo. Fisca
lía del Juzgado Cuarto Superior. Socorro, Abril 4 de 1981.f.440 r.
536 Juzgado Cuarto Superior. Expediente por el homicidio de Josué Cavanzo. Departamento
de Policía de Santander, Noveno Distrito. Respuesta a oficio No 239.
Agosto 6 de 1981.F.505.
537 Juzgado Cuarto Superior. Expediente por el homicidio de Josué Cavanzo. Ejército
Nacional. Respuesta No 11701. Cimitarra, Agosto 26 de 1981.f.517,
538 Juzgado Cuarto Superior. Expediente por el homicidio de Josué Cavanzo. Socorro,
Abril 3 de 1991. Calificación del sumario por el homicidio de Josué Cavanzo.
F.641
539 Juzgado Cuarto Superior. Expediente por el homicidio de Josué Cavanzo. Socorro,
Abril 3 de 1991. Calificación del sumario por el homicidio de Josué Cavanzo.
F.648.